Sólo el PP se opone en el Parlamento Vasco a la regulación de los clubes de consumo

El Parlamento Vasco conformará hoy una ponencia que deberá redactar el texto articulado definitivo de la Ley de Adicciones, una de cuyas medidas más polémicas es la regulación de los clubes de cannabis en un texto enormemente restrictivo con el alcohol -lo prohíbe en la vía pública- y el tabaco, incluido el cigarrillo electrónico.

A tenor de las enmiendas planteadas por los partidos de la oposición a la propuesta original del Gobierno (EH Bildu ha registrado 37, el PSE-EE 64, el PP 110 y UPyD 24), el País Vasco dará curso a la regulación del consumo de esta sustancia en clubes con la sola oposición del PP, que pide suprimir el artículo 83, que es el que aborda la marihuana.

El PP asegura, según la enmienda registrada, que una medida así «vulneraría el orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma al abordar materias que son competencia exclusiva del Estado». Se apoya en dos informes que ha hecho llegar el Gobierno central (los ministerios de Interior y de Justicia, concretamente) en los que alerta de que la comunidad autónoma despenalizaría de facto una droga ilegal si regula los clubes de cannabis.

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Los documentos reconocen que el artículo 83 «parece pretender cumplir» algunos límites marcados en el Código Penal -el consumo no es delito- pero reprochan a Euskadi que, al dar carta de naturaleza a los clubes, obvien que ello supondrían el cultivo de la droga que luego se consume (algo ilegal) o, en su defecto, su adquisición en el mercado negro (también delictivo).

El Estado, en este sentido, incide en que ya elevó al Tribunal Constitucional una ley navarra de 2014 y da a entender que la propuesta vasca podría correr la misma suerte y quedar anulada cautelarmente en cuanto se formalice el recurso.

Asimismo, cita un informe del Consejo de Estado en el que apela a que la competencia exclusiva para tomar una decisión así sobre el cannabis es del Gobierno de España.

En este contexto, el pasado verano el Tribunal Supremo dirimió una acusación contra un club de cannabis de Bilbao que ha permitido sentar jurisprudencia sobre hasta dónde pueden llegar estas asociaciones a la luz del Código Penal.

El alto tribunal fijó varios requisitos: que los consumidores sean «adictos», es decir, que no se abra la puerta a nuevas personas por los efectos nocivos para la salud de esta sustancia; que sean locales cerrados y ocultos al público y con un listado cerrado de usuarios; que la cantidad que se mueva sea la mínima para el autoconsumo y que no se almacene droga; y que los responsables del club controlen estos requisitos. En definitiva, cerró la puerta a lo que persigue el País Vasco.

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El Supremo, con esta sentencia, condenó a penas de prisión a varios miembros de una asociación (Ebers), que tenía 290 miembros y movía 20 toneladas de marihuana al año, según la Fiscalía. Aunque hubo votos particulares de varios magistrados, se estimó que aquello quedaba muy lejos del autoconsumo.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.