¿Por qué no prospera la despenalización de la marihuana en Puerto Rico?

El fracasado intento por lograr que avanzara, en la Cámara de Representantes, un proyecto para evitar que el certificado de antecedentes penales refleje una primera convicción por la posesión de hasta cinco gramos de marihuana se sumó la semana pasada a la larga lista de esfuerzos fallidos por revisar la política antidrogas en la isla.

En Estados Unidos, Ohio se convirtió el martes en el estado número 24 que permite el uso de cannabis con fines recreativos para personas adultas. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos autorizaron, a principios de año, el uso recreativo y sacramental de la sustancia para personas mayores de 21 años.

Pero, mientras otras jurisdicciones legalizan o despenalizan el uso recreativo de la marihuana, los esfuerzos legislativos por hacer lo propio en Puerto Rico no han prosperado.

“En muchos casos, (los legisladores) piensan que dar un paso adelante o adelantar esos esfuerzos de manera pública significaría que pudieran estar perdiendo votos, o como si fuera algo que no es una medida ‘sexy’ que los pudiera poner en una posición privilegiada o en una mejor posición de ocupar un cargo de elección popular”, sostuvo José Antonio Maes Aponte, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otros temas, sobre la regulación del cannabis medicinal.

A juicio de Maes Aponte, el asunto de autorizar el uso del cannabis recreativo debe estudiarse de una manera objetiva, “sin que sea un tema de afiliación política”.

La Cámara de Representantes derrotó el martes el Proyecto de la Cámara 209, de la autoría del representante José “Quiquito” Meléndez, que propone que el certificado de antecedentes penales no refleje una primera convicción por poseer hasta cinco gramos de marihuana para uso personal.

La medida no consiguió el mínimo de 26 votos que requería para pasar el cedazo cameral -obtuvo solo 23-, pero, al día siguiente, se solicitó su reconsideración y quedó pendiente de acción posterior.

“Ciertamente, hay que reconocer que las penas establecidas en la Ley de Sustancias Controladas para sancionar la posesión de marihuana para uso personal son excesivas y deben ser revisadas”, destaca la exposición de motivos de la pieza legislativa.

El Nuevo Día intentó, en múltiples ocasiones, solicitar una entrevista con Meléndez para discutir el tema, pero no recibió respuesta. El legislador novoprogresista no estuvo presente en la votación de la medida.

Hace un año, la Cámara también colgó una medida que proponía despenalizar la posesión simple de cinco gramos o menos de marihuana. El Proyecto de la Cámara 1037 hubiera eximido a las personas consumidoras de ser sometidas a arrestos y procesos judiciales por la posesión de una cantidad de consumo personal de la sustancia.

Para Roberto Soto del Cueto, abogado y socio de un dispensario de cannabis medicinal, el desconocimiento de la población general sobre la marihuana influye en la falta de acción legislativa sobre el asunto.

“La falta de información de la ciudadanía ocasiona, en el ámbito político, este miedo de tomar una posición sobre despenalizar el cannabis, que se permita un uso adulto de una manera correcta, porque tienen mucho cuidado a lo que va a pensar la sociedad sobre las determinaciones que ellos toman o la posición que ellos toman sobre ese tema”, planteó Soto del Cueto, al señalar específicamente la oposición de sectores conservadores.

Rafael A. Torruella, director ejecutivo de la organización comunitaria Intercambios Puerto Rico, opinó que, más allá de las posibles repercusiones políticas, los intereses económicos también inciden en la inacción legislativa. “Yo creo que los legisladores y las legisladoras están esperando que les vengan con buenas ofertas, y jugar la política en vez de jugar el bienestar y la no criminalización de las personas”, sostuvo.

Para Torruella, no criminalizar a los usuarios representa el primer paso para atender el problema de sustancias controladas en Puerto Rico. Pero, además de despenalizar las sustancias, deben garantizarse los derechos humanos de los usuarios y proveerles servicios de salud.

“Tienes que parar de perseguirlos y criminalizarlos por mera posesión. Si una persona tiene posesión de sustancias, ¿de qué vale que lo castiguemos?”, cuestionó Torruella.

Por su parte, el salubrista y senador independiente, José Vargas Vidot, planteó que es “pura hipocresía, cobardía, politiquería” lo que impide que las medidas legislativas para despenalizar la marihuana sean consideradas de una “forma seria”.

“Hay un analfabetismo salubrista en nuestra Legislatura, creo que una ausencia total de interés y de voluntad de tomar las cosas desde un ángulo amplio, desde una perspectiva humanizada”, manifestó el legislador.

Vargas Vidot radicó, en 2022, una medida para despenalizar el uso personal de la marihuana. El Proyecto del Senado 1042 establecería una presunción no controvertible de consumo personal, siempre y cuando la cantidad no exceda de cinco gramos, y eliminaría toda penalidad contra cualquier persona por la posesión para consumo personal de marihuana.

El senador, sin embargo, no se mostró esperanzado sobre la posible aprobación de la pieza, cuyo último trámite legislativo ocurrió en 2022, cuando fue referido a las comisiones de lo Jurídico y Desarrollo Económico y de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, según el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA).

La sesión ordinaria culmina este martes, pero el último día de aprobación de medidas en ambos cuerpos fue el jueves. La última sesión ordinaria de este cuatrienio inicia en enero.

“Mientras el Senado esté amarrado a la búsqueda de votos y la meta principal de un político sea ganar elecciones, no le veo futuro”, aseveró Vargas Vidot.

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