Uruguay: Gobierno desestima tirón de orejas de ONU por cannabis

Junta de Fiscalización criticó política uruguaya que socava “los tratados”.

El mensaje se repite cada año desde que Uruguay reguló la venta de marihuana: su Estado “contraviene los tratados de fiscalización internacional de drogas (…) pudiendo socavar los tratados y pudiendo alentar a otros Estados partes (de Naciones Unidas) a seguir su ejemplo”. No hay nada nuevo en este tirón de orejas que todos los marzo emite la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), salvo que esta vez el rezongo también comprende a Canadá.

Tal vez sea la inclusión de países como Canadá, algunos estados de Estados Unidos y próximamente México, suma-do a la falta de sanciones concretas, lo que lleva al gobier- no uruguayo a desestimar, una vez más, el tirón de orejas de la JIFE.

Según fuentes de Presidencia de la República, “Uruguay ya esperaba este rezongo porque el organismo fiscalizador está para auditar las convenciones de 1961, 1971 y 1988… y hasta que no cambien esas convenciones seguirá el esquema prohibicionista”.

De hecho la convención de 1961 es la que crea la Junta de Fiscalización. También son estos acuerdos internacionales -hijos de una época en que el combate a las drogas era ilegalizarlas- los que colocaron a la marihuana como una de las sustancias más peligrosas.

En la Junta Nacional de Drogas saben que “en el corto plazo hay pocas chances de que se modifiquen las convenciones”. Pero sí aspiran a que se logren pequeños cambios en cómo es vista la marihuana. Es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce algunos efectos terapéuticos de la planta de cannabis, sugiere que se legalice el cannabidiol (conocido por su sigla CBD, uno de los componentes de la planta) e incita a las Naciones Unidas a que modifique el listado de sustancias peligrosas (sigue sien-do peligrosa pero no “tan peligrosa”).

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene a estudio las recomendaciones de la OMS, pero no habrá una resolución inmediata porque algunos países pidieron una prórroga para analizar el tema en detalle.

Aunque parezca un debate para juristas internacionales, detrás de esta polémica está el talón de Aquiles del experimento uruguayo de regulación de la marihuana. Los bancos estadounidenses no operan con empresas vinculadas al negocio de la droga. Los bancos estadounidenses, a su vez, tienen acuerdos de corresponsalía con los bancos uruguayos. Los bancos uruguayos, por decantación, no puede manejar cuentas vinculadas a las drogas (incluyendo el cannabis).

“Peor es meneallo, amigo Sancho”, dijo Don Quijote a su escudero cuando, sufrió un escatológico percance de puro miedo, le conminaba a estarse quieto para que no apestara más la estancia. Esa misma recomendación que había sugerido el personaje de Cervantes es la que se está aplicando en Uruguay: no revolver demasiado… dejar hacer.

En agosto de 2017 los bancos uruguayos -el estatal y los privados- comenzaron a cerrar las cuentas de las empresas vinculadas al cannabis. Nada de ello ha cambiado desde entonces, salvo que la disminución de la exposición mediáti-ca del tema flexibilizó los controles.

Un sondeo realizado por El País -entre farmacias, empresas cultivadoras y otros actores de este negocio- permite concluir que para los montos más pequeños se opera en efectivo. Parte de ese dinero luego es depositado en los bancos a nombre de cuentas personales (no de las empresas) para pagar los sueldos de sus empleados.

Cuando los montos son mayores -algo que afecta solo a las empresas productoras y de investigación- funcionan “los giros internacionales”, explicó Marco Algorta, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. Sucede que con la regulación de la marihuana en Canadá, el Banco de Montreal (BMO) permite el manejo de cuentas vinculadas a esta droga. Entonces “se hace un giro a ese banco y luego se opera con cuenta desde allí”.

Algorta había sufrido en carne propia los problemas con el sistema financiero.

Era uno de los accionistas de Sobley S.A., empresa que operaba con el Banco República (BROU) y cuya cuenta fue cerrada el 15 de junio de 2017. “A partir de ahí”, contó el empresario, “tuvimos que crear otra empresa que no tiene cuentas en Uruguay”.

Según el registro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) son 16 las farmacias que hoy venden marihuana y son 33 las licencias aprobadas para producción; la mayoría (15) para cultivos de cannabis no psicoactivo.

Aquella Ferrari blanca que sorprendió a los vecinos de Malvín Norte será rematada este viernes. También un yate valuado en más de US$ 1 millón y que le pertenecía al turco Mehmet Aydin, acusado de ser uno de los autores de una estafa multimillonaria en su país y que hoy está prófugo.

Con el remate del viernes se espera que la Junta Nacional de Drogas supere el monto recaudado en todos los remates de 2018. Todos los bienes decomisados al crimen organizado (sean por drogas o no) van a parar a un fondo que administra la Junta. El año pasado se realizaron cuatro grandes remates entre los cuales llegaron a juntarse US$ 483.824.

Casi todos los remates correspondieron a vehículos. Fueron 118 los rematados el año pasado. El resto se trató de productos tecnológicos y otros bienes.

La normativa uruguaya establece que la Junta Nacional de Drogas tiene la potestad de adjudicar los recursos que administra el Fondo de Bienes Decomisados. Sobre todo para fortalecer los programas de combate al narcotráfico y atención de las adicciones.

En este sentido, el año pasado se adjudicaron a distintos organismos y oficinas públicas $ 21.744.262 y US$ 3.008.645. La mayor adjudicación fue para el Ministerio del Interior: seis camiones por US$ 908.000.

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