Un decreto abre la puerta al acceso con receta médica y coloca al país en el mapa internacional de la innovación terapéutica

En Colombia, hablar de cannabis ha sido durante décadas sinónimo de estigmas, persecuciones y narrativas de guerra. Sin embargo, 2025 podría marcar un giro histórico: el Gobierno Nacional ha presentado un borrador de decreto que autoriza la venta de flor de cannabis psicoactivo en farmacias, siempre bajo fórmula médica. Una medida que, más allá de su dimensión sanitaria, encierra un cambio cultural y político profundo.

La norma reconoce la flor de cannabis como un producto terminado, dispensable con registro sanitario. Este detalle, que puede parecer técnico, es en realidad el núcleo de una transformación: por primera vez, el Estado colombiano da el paso de considerar al cannabis no como amenaza, sino como herramienta de salud pública. Una herramienta para aliviar el dolor crónico, controlar epilepsias refractarias, acompañar enfermedades neurodegenerativas y mejorar la calidad de vida de miles de pacientes.

La senda internacional y la oportunidad local

El camino no es nuevo. Países como Alemania y Canadá han demostrado que un modelo regulado, con estándares claros, permite integrar el cannabis medicinal en los sistemas de salud sin desatar el caos tantas veces pronosticado. Allí, la flor se ha consolidado como una opción terapéutica controlada, accesible y respaldada por la ciencia.

Colombia, con sus condiciones agrícolas y experiencia acumulada, tiene la posibilidad de no solo replicar esa senda, sino de convertirse en referente regional. El decreto contempla, además, un elemento de justicia social: durante los dos primeros años, solo los pequeños y medianos cultivadores con licencia podrán abastecer el mercado interno. Se busca así evitar que la industria quede en manos de unos pocos conglomerados y abrir espacio a los campesinos, históricamente los más golpeados por la economía ilegal de la marihuana.

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Ciencia, regulación y desarrollo

El papel del sector farmacéutico será clave. Con la nueva normativa, se abre la posibilidad de elaborar preparaciones magistrales, inhalables y fitofármacos derivados de la flor. Todo ello bajo las Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), supervisadas por el Invima. Es decir, cannabis sí, pero cannabis con rigor científico.

Ya existen empresas nacionales que han demostrado capacidad. Colombian Sweet Leaves, por ejemplo, lleva años exportando flor seca de THC a Alemania bajo certificaciones internacionales como GACP e Icontec. Ahora, esta y otras compañías podrán volcar su experiencia al mercado interno, ofreciendo productos de calidad a pacientes colombianos que hasta ahora debían resignarse a alternativas ilegales, inciertas y sin control sanitario.

La regulación también establece que los productos con más del 1% de THC serán clasificados como medicamentos de control especial, evitando desviaciones y garantizando un seguimiento estricto. Un equilibrio necesario entre acceso terapéutico y prevención de abusos.

Entre la salud y la economía

Pero la medida no es solo sanitaria. Representa también un motor económico de primera magnitud. Las estimaciones hablan de hasta 100.000 pacientes beneficiados en los próximos años y de un sector capaz de generar miles de empleos, inversiones y divisas. Si algo demuestra la experiencia internacional, es que la industria del cannabis medicinal no solo alivia cuerpos: también dinamiza territorios, abre oportunidades de innovación y proyecta a los países en el mercado global.

El decreto, en ese sentido, es más que una norma. Es una apuesta estratégica por combinar ciencia, regulación y desarrollo sostenible. Una invitación a sustituir la represión estéril por una política pública basada en la evidencia.

Un cambio cultural pendiente

Conviene, no obstante, subrayar que la regulación del cannabis medicinal no resuelve por sí sola la compleja relación de Colombia con esta planta. Persisten prejuicios, resistencias culturales y una inercia prohibicionista difícil de desmontar. El reto no es solo aprobar decretos, sino cambiar mentalidades.

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La sociedad colombiana está ante la posibilidad de dar un salto de madurez: pasar de la mirada criminalizadora a la mirada sanitaria y científica. Reconocer que el cannabis no es la amenaza que durante décadas se proclamó, sino un recurso que, bajo regulación y control, puede ser aliado de la salud y del desarrollo.

Ese tránsito será lento y necesitará de un diálogo constante entre Estado, empresas, pacientes y comunidades rurales. Pero la dirección es clara: menos miedo, más evidencia; menos estigma, más humanidad.

En definitiva, Colombia abre un nuevo capítulo. Y lo hace en un terreno donde se cruzan la ciencia, la justicia social y la oportunidad económica. El cannabis medicinal, regulado y con receta, puede ser la semilla de un país que decide mirar hacia adelante.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.