El nuevo decreto del cannabis en Colombia: Avance histórico o golpe silencioso a los pequeños productores

Una flor que florece en desigualdad

El 27 de octubre de 2025, el Gobierno colombiano firmó un decreto largamente esperado: la reglamentación que autoriza la venta de cannabis medicinal en farmacias y droguerías del país. El anuncio, celebrado como un paso histórico hacia la consolidación de una industria legal y controlada, marca un nuevo capítulo en la política de drogas de América Latina. Sin embargo, entre los pequeños productores del Cauca, Tolima y Nariño, el entusiasmo se diluye rápidamente. Ellos temen que esta nueva flor legal solo crezca en los invernaderos de las grandes farmacéuticas.

La norma redefine conceptos fundamentales: por primera vez, la flor seca de cannabis se reconoce como “producto terminado” y podrá comercializarse dentro del territorio nacional bajo prescripción médica. También refuerza el control sanitario, otorga al Fondo Nacional de Estupefacientes la supervisión directa de las licencias y establece dos tipos de permisos para cultivo: uno para cannabis psicoactivo y otro para no psicoactivo.

Sobre el papel, el objetivo es fortalecer el mercado interno, garantizar la calidad de los productos y asegurar el acceso seguro a tratamientos alternativos. En la práctica, sin embargo, el decreto podría reforzar las brechas estructurales que separan a los pequeños cultivadores de los grandes grupos económicos.

“No podemos competir”

Estefanía Ciro Rodríguez, directora del centro de pensamiento amazónico A la orilla del río, lo resume sin rodeos: “Los pequeños productores no pueden competir, están en desigualdad de condiciones”. Su advertencia va más allá de lo económico. Habla de una fractura social, de la dificultad de integrar a comunidades históricamente criminalizadas en un mercado que, una vez más, parece diseñado para quienes ya tienen capital, infraestructura y acceso a las instituciones.

El decreto, en teoría, busca incluir a pequeños y medianos productores durante los dos primeros años de implementación. Pero no hay claridad sobre los mecanismos que les permitirán acceder a licencias, asistencia técnica o financiación. “¿Cómo van a competir los campesinos del norte del Cauca con laboratorios farmacéuticos que tienen certificaciones internacionales y tecnología de punta?”, se pregunta Rodríguez. Su tono es más de escepticismo que de esperanza.

La situación evoca un patrón que se repite en otros países: cuando el cannabis pasa del mercado ilegal al legal, los mismos actores que sufrieron la persecución estatal quedan fuera del negocio. En Nueva York, por ejemplo, las primeras licencias se otorgaron a personas víctimas de la política antidrogas. En Colombia, donde miles de campesinos han sido estigmatizados, encarcelados o desplazados por el cultivo de plantas ilícitas, una medida similar habría tenido un enorme valor simbólico y reparador. Pero no ocurrió.

La paradoja del control

El decreto, al fortalecer los mecanismos de control sanitario, impone exigencias que pocos pequeños productores pueden cumplir. Se requiere infraestructura de laboratorio, certificaciones del Invima y trazabilidad completa de cada gramo cultivado. Mayra Correa, productora del Tolima, lo califica de “humillación”. “Llevamos años pagando licencias carísimas, cumpliendo con protocolos, y ahora el Gobierno otorga permisos exprés a nuevos jugadores con menos requisitos. Es una burla”, denuncia.

Desde la Asociación Colombiana de Cultivadores y Transformadores de Cáñamo Industrial (ASOCAÑAMO) alertan sobre el riesgo de concentración del mercado y la falta de interoperabilidad entre las entidades de control. “La norma carece de mecanismos claros de trazabilidad y puede terminar excluyendo a quienes históricamente han sostenido el territorio”, advierte la organización.

En otras palabras, la legalidad, si no se diseña con justicia social, puede convertirse en una nueva forma de exclusión. El cannabis, que en su versión ilícita ofrecía sustento a miles de familias campesinas, ahora corre el riesgo de ser monopolizado por el mismo sistema económico que antes los perseguía.

Del alivio al desencanto

La historia de Ricardo Contreras, un bogotano de 44 años, refleja la distancia entre la norma y la realidad. Tras un accidente que lo dejó cuadrapléjico, descubrió en el cannabis medicinal un alivio que no encontró en la medicina tradicional. Pero acceder al tratamiento regulado resultó inviable: el precio, los trámites y la burocracia lo empujaron al mercado informal. “Terminé comprándolo por fuera. No tenía dinero para el producto regulado, pero era eso o vivir con dolor”, confiesa.

El caso de Ricardo muestra un problema estructural: el exceso de regulación técnica, lejos de proteger al paciente, termina arrojándolo a las redes ilegales. Los altos costos de las fórmulas magistrales, los filtros médicos y la escasa disponibilidad en farmacias hacen que solo una minoría tenga acceso al cannabis medicinal. Según Julián Wilches, fundador de Clever Leaves, apenas el 0,002% de los potenciales pacientes en Colombia acceden actualmente a estos tratamientos.

Un decreto que busca la paz, pero tropieza con la desigualdad

El presidente Gustavo Petro ha insistido en que su política de drogas busca sustituir la guerra por la regulación, y el castigo por la inclusión. Sin embargo, este decreto —que debería ser un instrumento de paz— parece reproducir la lógica de siempre: favorecer a los grandes actores, regular con lupa al campesino y dejar al paciente en la incertidumbre.

Si de verdad se quiere construir un mercado legal que contribuya a la reconciliación y a la equidad, será necesario algo más que decretos: una política pública participativa, con apoyo financiero, asesoramiento técnico y prioridad para quienes han cargado con el peso histórico de la prohibición. De lo contrario, el cannabis dejará de ser una promesa de bienestar para convertirse en una metáfora del país: una flor hermosa, sí, pero que sigue creciendo en terreno desigual.