Empeñados en abatir la galopante violencia que azota a su país, dos abogados, un contador y una activista social enfrentan una complicada campaña legal para ser los primeros mexicanos en poder cultivar cannabis para autoconsumo, aunque ninguno de ellos fuma marihuana.
Estos cuatro idealistas integran la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), un club cannábico que espera que el miércoles la Suprema Corte de Justicia de México falle a su favor para que teóricamente puedan cultivar marihuana para autoconsumo sin fines de lucro.
“Nunca he fumado un cigarro (de marihuana), jamás lo voy a hacer”, dice enfático a la AFP sentado frente a un escritorio repleto de expedientes el abogado Francisco Torres Landa.
Tampoco quiere cultivar marihuana.
En una oficina rodeada de cristales, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México este abogado, con 32 años de carrera en uno de los despachos internacionales más importantes del país, asegura que su objetivo es quitar a los carteles del narcotráfico su principal herramienta, el dinero.
Smart llevó en 2013 su caso a la Corte después de que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le negó una solicitud para poder producir y consumir su propria marihuana.
Arturo Zaldívar, un magistrado liberal de la Suprema Corte, propone amparar a los cuatros demandantes basándose en el respeto a los derechos humanos y a las libertades de autodeterminación.
El presidente Enrique Peña Nieto rechaza una posible legalización de los estupefacientes.
Aunque los integrantes de Smart denuncian que operadores del gobierno han tratado de influir en los jueces, confían “en la solvencia de la Corte” y en que una decisión a su favor forzaría al Congreso a reabrir el debate sobre la legalización de marihuana.
México se ha quedado atrás frente a otras naciones de América: Uruguay legalizó la producción y venta de marihuana en 2013, mientras Chile debate una ley para despenalizar su uso con fines medicinales y recreativos.
Y en Estados Unidos 23 estados han autorizado el cannabis para uso medicinal y cuatro para el consumo recreativo.
“Este es un litigio estratégico” para “socavar, erosionar el origen de la política prohibicionista en materia de drogas”, dice Torres Landa, padre de cinco hijos y quien se volcó a luchar contra la violencia cuando su primo fue secuestrado y asesinado en 2005.
“Fue una triste razón por la que llegue a México Unido Contra la Delincuencia” la agrupación civil en la que coincidió con los otros tres quejosos.
Un mosaico de dibujos infantiles y recortes de su equipo favorito de fútbol, cubren un muro frente a su escritorio que contrasta con la solemne oficina.
“Son mi inspiración, cuando me siento con no tan buen ánimo (…) levanto la mira, veo los dibujos de mis hijos y agarro energía”, dice el activista que dedica una buena parte de su tiempo sin paga a la campaña legal para despenalizar la marihuana.
Igual que él, Armando Santacruz, un contador de 54 años y fundador de una empresa que comercializa materias primas, coincide en que la lucha vale la pena por dejarles un mejor país a sus cinco hijas.
Enfundado en pantalones de mezclilla, con un saco informal y sin corbata, Santacruz explica que tras más de 15 años de trabajo contra el secuestro, la extorsión y otros delitos que agobian a la sociedad mexicana, comprendió que todas esas acciones eran insuficientes.
“Nos dimos cuenta que iban a tener poco resultado si no le entrábamos a la política de las drogas”, apunta en la pequeña oficina en un bullicioso barrio de la capital.
La guerra contra la drogas ha dejado en México de más de 80.000 muertos y unos 25.000 desaparecidos desde 2006, cuando el gobierno lanzó una estrategia militarizada contra los carteles del narcotráfico.
El “costo en sangre es brutal y la estrategia ni siquiera estaba evitando que las drogas llegaran a la gente”, indica al reconocer que ocasionalmente ha fumado marihuana, pero sostiene que no es usuario.
La violencia también llegó a la familia de Santacruz, uno de sus hermanos fue secuestrado hace dos años.
Pero quizá el camino más doloroso lo ha recorrido Josefina Ricaño, presidenta y fundadora de México Unido Contra la Delincuencia e otra integrante de Smart. En 1997 su hijo fue asesinado tras haber sido secuestrado.
En tanto, Andrés Aguinaco, el cuarto quejoso es un aguerrido abogado que ha defendido causas como la de una niña que sufre un grave tipo de epilepsia y que recientemente ganó una excepción a las leyes, para ser la primera persona en el país en recibir una tratamiento a base de cannabis.
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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.
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