El vacío en el que operan estas entidades encarna el agujero legal en el que se mueve el consumo de marihuana en todo el país. La posesión de hasta 100 gramos está permitida y se puede fumar en ámbitos privados

A principios de marzo, la Audiencia de Barcelona condenó con un total de cuarenta y cuatro años de cárcel a nueve personas al probarse que se dedicaban al cultivo intenso y masivo de marihuana para su venta a terceros a través de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo, pionera en el universo de las asociaciones de este tipo en la Ciudad Condal. Fundada en 2010 en el barrio de la Barceloneta, abrió una copiosa veda de más de doscientos clubes registrados, cada uno con una media de trescientos a cuatrocientos socios. El vacío en el que operan estas entidades encarna el agujero legal en el que se mueve el consumo de marihuana en todo el país. De hecho, aunque otra resolución judicial echó por tierra la ordenanza del Consistorio barcelonés que permitía el consumo y distribución en estos espacios, tras unos primeros meses de incertidumbre, los clubes han seguido funcionado como antes.

La cuestión de las drogas en la Ciudad Condal puede abordarse desde muchas perspectivas, y a veces focalizar la atención para omitir las otras puede desviar demasiado una visión global. Antes de la pandemia, un estudio realizado con muestras de aguas residuales entre 2011 y 2017 concedió a Barcelona la medalla de oro en el consumo de cocaína a nivel mundial, si bien otros otorgan a Londres, con las anguilas del Támesis en plena hiperactividad por lo consumido en la superficie, el primer escalafón de tan dudoso podio.

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Estas estadísticas no deben confundirse por comparación con la marihuana, tolerada en la calle y aceptada en general por la mayoría de barceloneses si se consume en los clubes, sucesores de los ‘coffe shop’ de Ámsterdam en la hegemonía europea. Ante la proliferación de los mismos en la ciudad, representan el 15% de todos los españoles, el Ayuntamiento decidió regularlos con una serie de requisitos. Debían guardar una distancia mínima de cien a ciento cincuenta metros con parques infantiles y colegios, disponer de una doble puerta con vestíbulo para impedir la vista del interior desde el exterior y tener extractores y chimeneas de humo en el techo de su edificio.

La presencia de estas entidades, salvo pequeñas excepciones en sectores urbanos más turísticos, no suele levantar en la actualidad ningún tipo de indignación vecinal, más ahora, tras mejorar la extracción de esos efluvios tan característicos. El pasado invierno, algunos afectados por la instalación de un centro para personas sin techo con adicciones a diez metros de una escuela, el Mas Casanovas, preguntaron si entre sus enmiendas al plan, consumado la pasada semana, podían añadir el incumplimiento de la normativa municipal con las Asociaciones Cannábicas, pues una de nuevo cuño se hallaba a menos de cien metros del centro escolar.

En ese barrio, la respuesta popular de esos días se vertebró entorno al respeto de los socios del club para con los alrededores, sin apostarse en la puerta para fumar, preservándose en todo momento la discreción de lo ocurrido dentro, lugar de encuentro, compra, consumo y espacio para interactuar con los demás inscritos entre billares, futbolines, música o videojuegos en un ambiente sin alcohol al estar prohibida su venta o tenencia.

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El problema de las asociaciones, y ahí los padres en guerra del Mas Casanovas sí tendrían razón, es que desde el 2 de junio de 2021, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la regulación del Ayuntamiento de Barcelona sobre las asociaciones cannábicas, prohibiendo a estos espacios el consumo, venta y cultivo de la planta herbácea. Asimismo, juzgaba la ordenanza del consistorio de Ada Colau como una invasión de competencias estatales, desestimándola por completo.

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De este modo, agotados los recursos, el panorama dio un giro de ciento ochenta grados, con los servicios jurídicos municipales recomendando una vuelta de tuerca en el funcionamiento de las entidades, sin opción de promover el consumo, la venta y el cultivo, centrándose en proporcionar información, elaborar o difundir estudios, hacer propuestas, expresar opiniones sobre la materia y promover reuniones o seminarios.

La incertidumbre del limbo

No deja de ser curioso comprobar cómo el aparato judicial del TJSC inició su andadura en el asunto porque en 2016 un club recurrió la regulación al sólo poder evacuar los humos desde la fachada. Este fue el inicio hacia el limbo actual, ya especificado en varias sentencias, donde se ahondaba en cómo, por ejemplo, el Ayuntamiento carecía de competencias reguladoras desde la indeterminación de conocer si un club social de cannabis es o no ilícito desde lo penal.

La paradoja es el éxito del sistema a derribar. El 15 de diciembre de 2021 Malta se convirtió en el primer país de la Unión Europea en legalizar el consumo recreativo de cannabis, permitiéndose la posesión de hasta siete gramos y el cultivo de cuatro plantas por cada persona mayor de dieciocho años, insistiéndose en el veto a fumarla en la vía pública y en la imposición de multas si un ciudadano supera las cantidades estipuladas o si la consume delante de un menor.

Milena Dimech, presidenta de la Autoridad del Cannabis de Malta, se asesoró en Barcelona para mejorar el contenido de su plan, hasta adoptar como modelo las asociaciones de la Ciudad Condal, válidas al configurarse como espacio seguro para los consumidores de marihuana, libres de estigmas desde el respaldo legal y sostenidas por las aportaciones de sus usuarios.

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A priori, no todo el mundo puede ser socio de estas entidades. Un amigo debe presentarte como paso previo a la pertenencia. Salvo en la Rambla, donde pulula una variopinta tropa de promotores para extranjeros y camellos nada disimulados del menudeo, la publicidad en sus inmediaciones es inexistente. La mayoría de los accesos a estos locales parecen querer ocultarse desde lo insustancial de su estética, por eso mismo más llamativa.

Varias visitas para preguntar entre socios y responsables sobre el impacto de la sentencia del 2 de junio depararon resultados dispares entre la voluntad de diálogo, silencio por precaución y el miedo. En una asociación del Clot, sus empleados llegaron a negar la existencia de una federación cannábica en Cataluña para alejar tanta incómoda pregunta, más o menos respondidas por algunos abonados, claros al ilustrar cómo en verano cundió cierto pánico y hasta se quitó el menú de la pared donde se atiende a la clientela. Ahora, remacharon, «todo ha vuelto a la normalidad, aunque hay más registros y todos al entrar damos nuestro Documento Nacional de Identidad porque lo escriben en una lista diaria».

En otro club cerca de Gràcia, una de las trabajadoras, quizá para remediar el mutismo de otra, condujo al periodista a un rincón apartado para resumir lo vivido desde verano. «En realidad, todo depende de las inspecciones municipales, pero ahora mismo la cosa está como congelada. Si las instalaciones cumplen con lo de los extractores no se debe temer mucho, y por ahora no han actuado en clubes con todo en orden, porque al final se trata de hacer bien las cosas sin molestar a nadie. Los buenos también se gestionan mejor, atraen a más vecinos y eliminan a la competencia, más floja en lo económico por incompetencia y dejadez».

«En realidad, todo depende de las inspecciones municipales, pero ahora mismo la cosa está como congelada»

En todas estas asociaciones aún se vende y se consume cannabis. Nadie levanta el cielo porque la actividad tiene sus propios tempos. Los inscritos no pueden comprar e irse. En el reglamento figura cómo el objetivo no es proporcionar la droga, sino fomentar lo social del establecimiento, con la obligación de permanecer entre quince minutos y media hora entre la entrada y la salida.

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Otra cuestión es si las inspecciones pueden revelar irregularidades en la contratación de los empleados, unos 7.500 en toda España, donde la actividad podría generar al menos 220 millones de euros en impuestos directos e indirectos. Luego existe otro tipo de cliente, típico en el imaginario colectivo, cargado de tópicos y muchas razones de protesta en su cerebro. Uno de ellos, voz de este colectivo invisible, murmura: “Haber tumbado la regulación es como darnos boleto para volver a fumar los tronchos en el parque, como si fuéramos delincuentes.”

Otro de su misma mesa se preocupa por lo absurdo de descontrolar el mercado, y sus opiniones no distan demasiado de las de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña, alarmada por la hipotética pérdida de puestos de trabajo por el cierre de muchos centros, sumidos en la inestabilidad por la derogación de una ordenanza capaz de compatibilizar el derecho de asociación de las personas consumidoras con el ejercicio de otros derechos.

El futuro

Pasados nueve meses desde la sentencia, la situación es la siguiente. El Ayuntamiento realiza inspecciones puntuales, pero las asociaciones, normativizadas en lo cotidiano sin provocar quejas de carácter grave, continúan con su actividad anterior como si nada hubiera pasado. Este limbo alegal es como la metáfora perfecta del entramado del cannabis en España, donde, según el discurso de Iñigo Errejón en el Congreso para defender su regulación, “el consumo ya es un hecho y no se puede hacer política sanitaria con actividades que se realizan en la clandestinidad.”

«El consumo ya es un hecho y no se puede hacer política sanitaria con actividades que se realizan en la clandestinidad»

La propuesta defendida por Más País, rechazada el pasado octubre con los votos contrarios del PSOE entre la izquierda y PP y VOX entre la derecha, abogaba por un marco legal para regularizar y despenalizar el consumo de marihuana, estableciéndose generosos límites de posesión de plantas y almacenaje, además de consentir el transporte de la sustancia por la vía pública, oculta y sin realizar ostentación.

Hasta la fecha, sólo seis países han legalizado el uso recreativo de la marihuana. Su aplicación medicinal goza de mucho mayor consenso a nivel mundial. España está a la cola de la UE en este apartado, quizá enmendándolo la subcomisión del Congreso para estudiar la experiencia de otros países al regular el cannabis medicinal. Sus conclusiones se esperan para el 20 de mayo de 2022.

El limbo de los clubes barceloneses encarna al de toda España, donde la posesión legal es de cien gramos, se puede consumir en privado, no así en público, se permite la venta en las asociaciones y su transporte está despenalizado, así como el cultivo para uso personal, ingredientes de un laberinto enmarañado con un hilo predispuesto a deshacer la madeja y allanar la ruta.

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Acerca del autor

Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.