‘Esta es otra revolución’: ¿podría la legalización de la cannabis transformar la economía de México?

El fuerte aroma de la cannabis y el sonido de la música dub llenan el aire de una hacienda mientras alrededor de 150 fumadores, consumidores, cultivadores, activistas y empresarios se reúnen en el segundo Toque Fest anual de México.

A la espera de la tan aplazada legalización de la cannabis –después de que varias decisiones de la Suprema Corte decretaran el derecho a cultivar y consideraran inconstitucional la prohibición del uso recreativo–, la guerra contra la mariguana en México está decayendo y el festival es solo uno de los 20 eventos relacionados con la mariguana que se llevan a cabo en todo el país.

Los cultivadores de cannabis tienen cada vez más confianza para salir a la luz pública y algunos agricultores están cambiando sus cultivos por la Santa Rosa: un gramo puede venderse por más que varios kilos de frijoles negros.

“Esta es otra revolución”, dice Isidro Cisneros, un cultivador procedente de la ciudad de Cuautlixco, en el estado de Morelos, donde nació el revolucionario mexicano Emiliano Zapata. “Se trata de la tierra y la libertad, y de una planta que ha sido criminalizada durante años sin una buena razón. Con el cultivo de la cannabis, los campesinos pueden vivir y comer bien”.

Cisneros –que comenzó a cultivar cannabis en 2022– forma parte del grupo de campaña Plan Tetecala, que se ha ganado el apoyo de la comisión estatal de derechos humanos.

Siendo uno de los muchos cultivadores que vendieron sus productos a finales del año pasado en el Toque Fest celebrado en Puebla, que se encuentra a dos horas al sureste de Ciudad de México, Cisneros señala: “Los agricultores deben tener la libertad de plantar lo que quieran, y no solo cuando el gobierno o las empresas digan que pueden hacerlo”, añade. “Desde la revolución, nadie nos ha ayudado: ahora es el momento de que nos ayudemos a nosotros mismos”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su apoyo a la legalización como parte de una iniciativa más amplia para desmantelar las políticas prohibicionistas, pero ha sido criticado por prolongar el asunto. En los últimos dos años se han aprobado proyectos de ley en ambas cámaras legislativas, pero no han llegado a un acuerdo sobre la misma versión.

Los activistas alegan que la oposición de las fuerzas armadas podría estar frenando el éxito legislativo. En noviembre, documentos hackeados del Ministerio de Defensa revelaron la existencia de vínculos entre cargos electos y cárteles de la droga, así como la influencia del ejército por encima de las instituciones civiles. Los activistas también señalan que la eliminación de las cláusulas de equidad en los borradores es una prueba de la influencia empresarial que, en Estados Unidos, ha contribuido a elevar los impuestos y a crear una burocracia que excluye efectivamente a los pequeños agricultores.

A pesar de que altos cargos del gobierno señalan que la regulación es una prioridad máxima, la industria nacional se está desarrollando a un ritmo vertiginoso en un mercado gris tolerado en su mayor parte y libre de la afluencia de capital extranjero que podría llegar si se aprueba la legalización sin salvaguardias.

Las comunidades de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otras, han expresado su deseo de llevarse una parte del pastel, ya que muchos agricultores sin tierras, conocidos como campesinos, siguen ganando salarios que rozan la subsistencia cultivando arroz, maíz y azúcar.

“Las comunidades están saliendo de los mercados clandestinos para decir: ‘Esto forma parte de nuestro desarrollo económico; es una forma de ofrecer un futuro mejor a nuestros hijos’”, señala Zara Snapp, cofundadora del centro de estudios sobre la reforma de las políticas relativas a las drogas Instituto RIA, que habló en el Toque Fest.

“Hay muchos más agricultores a los que les gustaría cambiar los cultivos por la cannabis, aunque aún no están preparados para asumir ese riesgo. Sin embargo, todavía hay una laguna legal, y las personas están participando”.

Se calcula que más de 10 millones de personas han consumido cannabis en México. Un mercado legal podría tener un valor superior a los 3 mil millones de dólares al año, y al menos 101 mil hectáreas –principalmente en los estados norteños de Sinaloa, Chihuahua y Sonora– ya se utilizan para la producción ilegal.

El año pasado, tras las protestas registradas en Oaxaca, las autoridades del estado decretaron que las personas podían fumar cannabis en público.

Las autoridades federales también otorgaron a veintiséis comunidades indígenas el derecho a cultivar cannabis a pequeña escala para uso médico, una práctica que se legalizó en 2017.

Actualmente hay al parecer alrededor de 800 productores en todo el estado, aunque muchos ya cultivaban cannabis y la mayoría, si no es que todos, suministrarán cannabis para uso recreativo y medicinal.

“La cannabis es un motor para el crecimiento económico”, comenta el agrónomo Daniel Ramírez López, que trabaja con el grupo oaxaqueño de defensa de la cannabis Cooagro. “Los indígenas llaman al cannabis pipiltzintzintli, otorgándole una conexión sagrada. A pesar de los graves obstáculos burocráticos derivados de la falta de iniciativa del gobierno federal, los cultivadores se están organizando para poder llevar a cabo una actividad económica legal que detone el desarrollo para todos”.

La cannabis fue introducida en México –para ser cultivada como cáñamo– hace más de 500 años por los conquistadores españoles. Ha sido ampliamente utilizada, incluso por los indígenas, en tinturas para conciliar el sueño y aliviar el dolor. El himno de la revolución mexicana, La Cucaracha, narra el recorrido de un ejército de campesinos que fuman cannabis mientras marchan.

No obstante, durante la “guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos, el ejército bombardeó a las comunidades con productos químicos letales con el fin de destruir los cultivos. En diciembre de 2020, en Oaxaca, el ejército quemó alrededor de 3 mil metros cuadrados de cultivos de cannabis.

“Antes solíamos correr al cerro porque le teníamos miedo a los militares”, explicó el agricultor Juan Cruz López a la revista Proceso. “Entraban a las casas sin una orden de cateo, detenían a quien encontraban y se llevaban lo poco que uno tenía… eso ya no pasa”.

Los campesinos que viven bajo el control de los cárteles tienen pocas esperanzas de ver un cambio, pero Cisneros y sus compañeros esperan que pronto se produzca la plena legalización. “Nos estamos dando cuenta de que es posible cambiar radicalmente la forma de pensar sobre esta planta”, dice a la multitud en Puebla. “Estamos en esta lucha y tenemos la esperanza de que vamos a ganar. Creció para curarnos”

Fuente