Los directivos de la entidad acusados han recalcado que cada año informaban de las plantas que cultivaban al Ayuntamiento y a la Guardia Civil

La Audiencia de Palma  juzgó este lunes a los directivos de una asociación de cannabis de Llubí por asociación ilícita y un delito contra la salud pública después de que la Guardia Civil les interviniera 125 plantas de marihuana con un peso de 81 kilos en varias fincas de Llubí y Sineu en septiembre de 2015.

Los tres acusados, el presidente, secretario y tesorero de la Asociación Balear para el Estudio e Investigación del Cannabis (ABEIC), recalcaron que cada año informaban de las plantas que cultivaban al ayuntamiento de Llubí, Policía Local y Guardia Civil del puesto de Santa Margalida.

“Todas las plantas eran dedicadas al consumo de los socios”, destacó el secretario de la entidad. “Nadie obtenía ningún beneficio, ningún particular se lucraba. Todas las plantas estaban identificadas”, añadió el encausado.

El presidente recordó que la asociación se constituyó en agosto de 2010 porque estaban “un poco hartos de tener que recurrir al mercado negro” cada vez que tenían que consumir. “Te juegas el pellejo, son sitios delicados, es peligroso ir a estos lugares”, agregó. Según su versión, contaban con asesoramiento jurídico, ya que formaban parte de la Federación nacional de asociaciones cannábicas. “Llevábamos un registro de los socios. Llegamos a ser 115 personas. Los socios tenían que ser mayores de edad, consumidores de cannabis y tener el aval de otro socio”, explicó el presidente.

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“Los socios fumábamos en el local que teníamos en Llubí. Hacíamos asambleas, reuniones, conferencias… Teníamos cinco fincas alquiladas, había un grupo de trabajo destinado a cada cultivo. El consumo normal y responsable era de cuatro gramos diarios de marihuana para cada socio. El consumo siempre era en el local, era una norma básica. Se llevaba un registro del consumo”,  manifestó el presidente, quien añadió que para llevarse a cabo el consumo con fines terapéuticos era necesario aportar documentación médica.

Por su parte, el secretario de la asociación detalló que el local estaba abierto tres días a la semana en Llubí. “Allí se consumía el cannabis y había taquillas particulares para guardar el cannabis si uno no consumía lo que le tocaba por día”, precisó.

“Se cultivaba marihuana en distintas fincas para tratar de evitar los robos. Lo que más temíamos eran los robos. Las fincas estaban protegidas con sensores, no teníamos a personas contratadas para que vigilaran. Una vez pusimos una denuncia ante la Guardia Civil por un robo de plantas de cannabis en septiembre de 2012”, subrayó uno de los acusados.

A mediados de septiembre de 2015, el instituto armado se incautó de 125 plantas de marihuana en distintas fincas. “Las plantas del gallinero no eran nuestras. Las otras no se podían consumir aún. Faltaban 60 días”, apuntó el presidente de la entidad.

Un guardia civil que participó en la intervención de los 81 kilos de cannabis declaró que en una de las fincas había dos personas que se dedicaban a cuidar y controlar la plantación. Una de ellas se ha desvinculado de las plantas y señaló este lunes en el juicio que se dedicaba a hacer trabajos de piedra en la finca. Según señaló, le había contratado el dueño de la propiedad y no la asociación de cannabis.

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El juicio contra los tres directivos continuará el próximo viernes en la sección segunda de la Audiencia de Palma. La fiscalía solicita para cada encausado sendas condenas de siete años de prisión, 300.000 euros de multa y la disolución de entidad ABEIC.

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