Tras promesas de campaña y expectativas del sector, el gobierno de EE.UU. admite que no contempla medidas inmediatas sobre el cannabis, dejando a la industria en la incertidumbre

Tras meses de especulación y expectativas elevadas, la Casa Blanca ha emitido finalmente una declaración oficial sobre la situación del cannabis en Estados Unidos. Sin embargo, lejos de anunciar avances, el mensaje ha sido claro en su ambigüedad: no hay acciones previstas en este momento. Esta postura —o más bien la ausencia de una— ha generado frustración entre activistas, empresas del sector y pacientes, que esperaban pasos firmes hacia una reforma federal.

Durante la campaña presidencial, el ahora presidente expresó abiertamente su respaldo a revisar el estatus legal del cannabis, especialmente en lo que respecta a su clasificación dentro de la Ley de Sustancias Controladas (Controlled Substances Act, CSA). Prometió estudiar su reubicación del Anexo I —donde se agrupa junto a sustancias como la heroína, sin uso médico reconocido— al Anexo III, lo que permitiría reducir restricciones, facilitar la investigación médica y desbloquear el acceso de las empresas a servicios financieros y deducciones fiscales. Pero desde que asumió el cargo, no se han materializado pasos concretos hacia esa prometida transformación.

Uno de los procesos que podría haber marcado el inicio de este cambio era la esperada audiencia de la Agencia Antidrogas (DEA) sobre la reclasificación del cannabis, originalmente programada para enero de 2025. Sin embargo, fue suspendida debido a recursos administrativos, y hasta la fecha no se ha fijado una nueva fecha.

Una industria atrapada en la contradicción federal

Mientras a nivel estatal la legalización del cannabis —ya sea con fines recreativos o medicinales— avanza en más de la mitad del país, el estatus federal continúa anclado en una legislación que dificulta seriamente el desarrollo del sector. En particular, las trabas fiscales derivadas del código 280E del IRS impiden a las empresas cannábicas deducir gastos operativos básicos, lo que supone una carga desproporcionada para muchas pequeñas y medianas empresas.

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Además, la falta de acceso al sistema bancario sigue siendo uno de los mayores obstáculos. Las entidades financieras, al operar bajo legislación federal, evitan trabajar con empresas de cannabis por temor a sanciones. Esto obliga a muchos negocios a funcionar exclusivamente en efectivo, aumentando los riesgos de seguridad, dificultando la inversión y limitando el crecimiento.

El Congreso ha intentado, sin éxito, abordar esta problemática a través del SAFE Banking Act, una legislación destinada a proteger a los bancos que trabajen con negocios de cannabis en estados donde este es legal. A pesar de varios intentos de introducir la ley como enmienda en proyectos de financiación gubernamental, hasta ahora no ha logrado ser aprobada.

Promesas rotas y prioridades cambiantes

Para muchos en la industria, la llegada del nuevo presidente generó expectativas de cambio rápido. El respaldo electoral que recibió de parte de ciertos sectores vinculados al cannabis se sustentaba en la idea de que su administración impulsaría un marco regulador más racional, más justo y más alineado con la realidad social. Sin embargo, según un portavoz de la Casa Blanca, la administración no está considerando ninguna acción relacionada con el cannabis en este momento.

En la práctica, esto se traduce en una forma de inacción política que tiene consecuencias muy reales para empresas, pacientes, profesionales de la salud y gobiernos estatales que han apostado por un modelo regulado y legal.

El presidente ha expresado, al menos de forma retórica, su apoyo a que los estados tengan autonomía para legislar sobre el cannabis. Incluso respaldó públicamente la fallida iniciativa de 2024 para legalizar el uso recreativo del cannabis en Florida. No obstante, su administración no ha priorizado ninguna medida de alcance federal que permita resolver los conflictos legales existentes entre las normativas estatales y la ley federal.

Una oportunidad que se aleja

En este contexto de incertidumbre, muchas voces del sector consideran que se está desperdiciando una oportunidad histórica para avanzar hacia una reforma coherente, que armonice el marco legal del cannabis con la realidad de millones de ciudadanos. También se teme que la pasividad federal acabe generando un ecosistema desequilibrado, donde la legalidad depende del código postal y donde solo las grandes corporaciones puedan sobrevivir a la maraña regulatoria y financiera actual.

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Aunque el presidente sigue contando con margen para intervenir —por ejemplo, apoyando públicamente la reclasificación, impulsando legislación bancaria o emitiendo órdenes ejecutivas—, de momento parece más centrado en otras prioridades, como la política exterior o la reforma migratoria.

Un sector que sigue esperando

El mensaje de la Casa Blanca, aunque esperado, ha caído como un jarro de agua fría para una industria que lleva años reclamando un marco legal claro y sostenible. Mientras tanto, miles de pequeñas empresas, asociaciones de pacientes, investigadores y defensores del cannabis siguen luchando por una reforma que les permita operar, innovar y cuidar sin estar al margen de la ley federal.

El tiempo sigue corriendo y la desconexión entre la legislación estatal y federal continúa generando tensiones y desafíos. Si la administración no toma la iniciativa pronto, podría enfrentarse no solo a críticas desde el sector, sino también a la desilusión de parte de su base electoral. Porque para la industria del cannabis en EE. UU., el silencio institucional ya no es una respuesta aceptable.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.

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