La nueva normativa del Departamento de Salud de Texas, impulsada por Greg Abbott, endurece las condiciones del sector del cáñamo, encarece la actividad y limita el acceso legal de los consumidores, reabriendo el debate sobre la legalización del cannabis y el fracaso de las políticas prohibicionistas.

Texas volverá a cerrar una puerta que nunca debió abrir a medias. A partir del 31 de marzo, los establecimientos del estado no podrán vender productos de cannabis para fumar. La decisión, formalizada por el Departamento de Salud texano tras un mandato ejecutivo del gobernador Greg Abbott, no es solo una modificación técnica ni un ajuste administrativo. Es, en realidad, una declaración política. Una más. Y como tantas otras en materia de drogas, nace con la pretensión de ordenar el mercado, pero corre el serio riesgo de conseguir exactamente lo contrario: desordenarlo, encarecerlo y entregarlo, en parte, a la clandestinidad.

Conviene detenerse un momento en el fondo del asunto. Porque detrás de la retórica regulatoria, de los porcentajes de THC y de los nuevos requisitos burocráticos, lo que hay es una vieja pulsión: la de responder a un fenómeno social complejo con una prohibición simplista. Se prohíbe fumar cannabis legal, pero no desaparece la demanda. Se castiga al comercio regulado, pero no se elimina el consumo. Se elevan tasas hasta niveles difícilmente asumibles para muchos negocios, pero no se protege mejor a los ciudadanos. Lo que se hace, sencillamente, es desplazar el problema. Sacarlo del escaparate para devolverlo a la trastienda.

La nueva normativa llega acompañada, además, de un fuerte incremento de tasas. Los comercios deberán abonar 5.000 dólares anuales y los productores 10.000. No hablamos de un matiz contable, sino de una barrera de entrada y de permanencia que altera por completo las reglas del juego. Hay decisiones políticas que no necesitan pronunciar la palabra “prohibición” para ser prohibitivas en la práctica. Esta es una de ellas. Porque cuando a un sector se le exige un sobrecoste desproporcionado y, al mismo tiempo, se le amputa una parte esencial de su oferta comercial, el mensaje no es regulen mejor; el mensaje es desaparezcan.

Y esa es, precisamente, una de las grandes contradicciones del prohibicionismo contemporáneo: presume de proteger al consumidor mientras debilita a quienes operan con controles, licencias, trazabilidad y supervisión. En Texas hay más de 9.100 comercios habilitados para vender productos derivados del cáñamo. Es decir, existe un ecosistema legal, visible, fiscalizado, con capacidad de someterse a normas de etiquetado, pruebas de calidad y restricciones de edad. Si ese ecosistema se encoge por asfixia regulatoria, no se crea una sociedad más segura. Se crea una sociedad más hipócrita.

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La clave técnica de la medida está en la adopción del criterio de “THC total”, que incorpora el THCA al cálculo del Delta-9 THC. Puede parecer una discusión química reservada a especialistas, pero sus efectos son profundamente políticos. La popular “flor THCA”, que había ganado terreno entre los consumidores texanos, queda en la práctica arrinconada por esta nueva interpretación normativa. Y ahí aparece otra evidencia incómoda: cuando la ley se empeña en ir por detrás de la realidad social, acaba recurriendo a artificios regulatorios para simular control. No se debate abiertamente sobre legalización, sobre salud pública, sobre reducción de daños o sobre libertad individual. Se reinterpreta la norma desde el laboratorio para obtener por vía técnica lo que no se ha querido o no se ha podido resolver por vía democrática.

Ese atajo tiene consecuencias. Las tienen para los pequeños empresarios, para los productores, para los trabajadores del sector y, por supuesto, para los consumidores. Hay comercios cuya facturación depende en gran medida de los productos fumables. Si desaparece una parte sustancial de la oferta, muchos negocios quedarán en una posición económicamente inviable. Y, cuando un negocio legal cierra o reduce actividad, el espacio que deja rara vez permanece vacío. Lo ocupa otro. A menudo, un operador que no paga impuestos, que no verifica edades, que no garantiza composición ni calidad y que no responde ante ninguna autoridad sanitaria.

Ese es el gran fracaso moral y práctico de las políticas prohibicionistas: convierten en problema de orden público lo que debería abordarse como un asunto de salud, derechos y regulación inteligente. Los propios defensores de la reforma en Texas lo han advertido con claridad. Si los consumidores no pueden adquirir estos productos en tiendas sujetas a control, los buscarán fuera del estado o en el mercado ilegal. Y ese mercado, a diferencia del legal, no ofrece ni garantías ni transparencia. No pide documentos, no informa de concentraciones, no retira lotes defectuosos y no rinde cuentas. Resulta difícil entender por qué un gobierno que afirma preocuparse por la seguridad del ciudadano toma una decisión que, previsiblemente, fortalece al canal menos seguro de todos.

Hay aquí, además, una cuestión de fondo que trasciende a Texas y habla del debate internacional sobre el cannabis. Durante décadas, la política de drogas ha estado marcada por una mezcla de prejuicio moral, cálculo electoral y resistencia cultural. El cannabis ha sido tratado no tanto como una sustancia que exige regulación racional, sino como un símbolo sobre el que proyectar temores ideológicos. Pero la realidad, tozuda como siempre, ha ido desmontando esa escenografía. En muchos lugares del mundo, el camino ha sido justamente el contrario: sacar el consumo de la sombra, fijar reglas claras, controlar la calidad, recaudar impuestos, limitar el acceso de menores y debilitar a las redes ilegales.

Legalizar no significa banalizar. Y esa confusión ha hecho mucho daño. Estar a favor de la legalización del cannabis no implica negar sus riesgos, ni fomentar el consumo, ni convertirlo en un producto inocente. Significa, más bien, asumir una evidencia elemental: una sociedad democrática gestiona mejor lo que regula que lo que prohíbe sin éxito. Significa entender que la protección real pasa por informar, controlar, prevenir y tratar, no por empujar a miles de personas hacia circuitos opacos. Significa aceptar que el Estado debe intervenir, sí, pero con inteligencia, no con reflejos punitivos heredados de otro tiempo.

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Texas, con esta decisión, parece optar por el camino inverso. No resuelve la demanda, no ofrece una alternativa más segura y no abre un debate honesto sobre qué modelo de convivencia quiere respecto al cannabis. Se limita a endurecer. A encarecer. A restringir. Como si la complejidad social pudiera resolverse a golpe de decreto. Como si las costumbres, las necesidades terapéuticas, los usos recreativos y las transformaciones culturales fueran a desaparecer por cambiar una fórmula en el boletín administrativo.

La pregunta que queda flotando es incómoda, pero necesaria: ¿a quién beneficia realmente esta medida? Desde luego, no al pequeño comerciante que intenta operar dentro de la ley. Tampoco al consumidor que busca un producto regulado y seguro. Ni al contribuyente, que podría acabar pagando el coste de futuros litigios. Y mucho menos a la salud pública, si el resultado es un trasvase hacia canales sin control. Tal vez beneficie, eso sí, a una determinada narrativa política: la que sigue presentando la dureza como sinónimo de responsabilidad y la restricción como una virtud en sí misma.

Pero gobernar no consiste en aparentar firmeza. Consiste en resolver problemas. Y el cannabis, nos guste o no, no se resuelve negándolo. Se resuelve regulándolo con seriedad, con evidencia y con sentido común. Todo lo demás, por mucho que se disfrace de prudencia institucional, se parece demasiado a una renuncia. Y ya sabemos quién paga siempre el precio de esas renuncias: los ciudadanos, los negocios legales y, una vez más, la verdad.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.

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