Hay una escena que se repite en demasiados lugares: la ciudadanía vota una cosa y, cuando se apagan las cámaras del día siguiente, la política se aplica a sí misma el derecho a “reinterpretar” lo que la gente quiso decir. Ohio, en Estados Unidos, vive ahora esa película con el cannabis.

En 2023, los votantes aprobaron legalizar la marihuana recreativa. No es un matiz: significa que una mayoría decidió sacar el consumo adulto del terreno de la clandestinidad y llevarlo al espacio de lo regulado. Traducido al lenguaje cotidiano: menos mercado negro, más controles, más impuestos para servicios públicos y, sobre todo, menos estigma.

Pero hace unas semanas el Parlamento estatal aprobó la SB 56, una ley que cambia reglas del programa de marihuana recreativa y endurece el cerco sobre productos de cáñamo con THC (lo que allí llaman “intoxicating hemp”). Debe entrar en vigor en marzo. Y, cuando un grupo ciudadano ha intentado activar un referéndum para bloquearla temporalmente y que la decisión vuelva a las urnas, el fiscal general, Dave Yost, ha rechazado el texto de la petición por “omisiones y errores” que —según su oficina— podrían confundir a los votantes.

Resultado: quienes querían llevar la SB 56 a referéndum tienen que empezar el proceso otra vez, corregir el lenguaje y recoger nuevas firmas.

Hasta aquí, la noticia. Ahora, lo importante: ¿qué nos dice todo esto sobre el cannabis y sobre la democracia?

No se trata de “estar a favor de drogarse”. Se trata de regular mejor que la prohibición

Lo primero que conviene aclarar —porque el debate suele intoxicarse de moralina— es que estar a favor de la legalización del cannabis no significa pensar que “todo vale” o que consumir sea maravilloso. Significa algo más sobrio y, en mi opinión, más responsable: aceptar que el consumo existe y que la prohibición, lejos de eliminarlo, lo empuja a manos de quienes no ponen reglas, ni controles de calidad, ni límites de edad, ni pagan impuestos.

Quien defiende el cannabis regulado suele defender, en realidad, tres ideas simples:

  1. Salud pública: mejor productos controlados y etiquetados que sustancias de origen dudoso.
  2. Seguridad: menos dinero para el mercado negro y menos criminalización absurda.
  3. Derechos y normalidad: si algo es legal, no debería convertirse en excusa para castigar al ciudadano por la puerta de atrás.

Y aquí es donde la SB 56 levanta sospechas razonables.

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¿Qué cambia la nueva ley? Explicado “en cristiano”

La SB 56, según lo que se ha publicado, introduce varias modificaciones. Algunas pueden parecer técnicas, pero tienen consecuencias reales:

  • Cáñamo con THC, más restringido: determinados productos de cáñamo (con una cantidad mínima de THC por envase) pasarían a venderse solo en dispensarios con licencia de marihuana. Esto busca cerrar un agujero legal por el que se colaron productos “colocados” en tiendas que no eran dispensarios.
  • Bebidas con THC, en el aire: el legislador había previsto reglas específicas para bebidas con THC, pero el gobernador vetó esa parte y, con ello, se prohíbe la venta de esas bebidas a partir de marzo.
  • Más limitaciones sobre dónde se puede fumar o vapear: se endurece la norma para que, en la práctica, el consumo quede casi exclusivamente circunscrito a la vivienda privada.
  • Reglas de transporte: si llevas productos de marihuana en el coche, deben ir en el maletero y en su envase original.
  • Y lo más delicado: se denuncia que se recortan “protecciones” para consumidores, de modo que el uso de cannabis podría convertirse en argumento para perder derechos o acceso a prestaciones o servicios (por ejemplo, problemas con alquiler, empleo o cuestiones familiares), incluso si el consumo es legal.
  • Reparto de ingresos: libera cerca de 100 millones de dólares para municipios y zonas con dispensarios (esto es relevante porque la fiscalidad del cannabis suele venderse como retorno local).

Uno puede debatir cada punto por separado. Pero hay un hilo que lo atraviesa todo: la sensación de que, tras legalizar, se intenta volver a marcar a los consumidores como ciudadanos de segunda.

El truco más viejo: “Es legal, pero te puedo fastidiar igual”

Esta es la gran contradicción de algunas legalizaciones mal digeridas. Se aprueba el consumo, sí. Pero luego se deja una colección de castigos indirectos: restricciones excesivas, sanciones encubiertas, sospecha automática. Es como decir: “No te detengo por comprar vino, pero si bebes vino te miraré como un irresponsable permanente”.

Si el cannabis es legal, el Estado debe centrarse en lo que de verdad importa:

  • prevenir el consumo problemático,
  • proteger a menores,
  • garantizar seguridad vial (con criterios claros y basados en evidencia),
  • asegurar calidad y trazabilidad,
  • y educar con honestidad, no con miedo.

Lo contrario —hacer una legalización con regusto punitivo— solo consigue una cosa: que parte del mercado vuelva a ser clandestino, que la gente no confíe en el sistema, y que el debate se convierta en una guerra cultural interminable.

Y el referéndum, ¿por qué importa tanto?

Porque el referéndum no es un capricho. Es el mecanismo que le dice al poder: “Oiga, esto que ustedes han cambiado, la gente quiere revisarlo”. En Ohio, la Constitución permite que la ciudadanía intente frenar temporalmente una ley nueva para someterla a votación. Eso es democracia con frenos y contrapesos.

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Cuando el fiscal general rechaza el texto de una petición por errores, puede estar haciendo su trabajo. Pero, visto desde fuera —y más aún desde el lado del cannabis—, hay una pregunta inevitable: ¿se está garantizando claridad… o se está usando la burocracia para ganar tiempo?

El tiempo, en estos procesos, es oro. Obligar a repetir trámites, volver a recoger firmas, rehacer documentos… todo eso desgasta, enfría a los voluntarios y puede dejar el asunto fuera de plazo o con menos fuerza. Y entonces el mensaje que recibe el ciudadano es peligroso: “Puedes votar, sí, pero ya veremos si te dejamos decidir de nuevo cuando no nos conviene”.

La legalización del cannabis es una prueba de madurez, no una guerra moral

Lo que está ocurriendo en Ohio tiene valor universal. Porque lo veremos en más sitios: la legalización abre una puerta y, acto seguido, se libra la batalla por el marco mental. ¿Se tratará el cannabis como una realidad social a regular con serenidad, o como un pecado tolerado con mala cara?

Quienes estamos a favor del cannabis regulado no pedimos barra libre. Pedimos coherencia. Pedimos que el Estado no se comporte como un padre enfadado que, después de conceder algo, se dedica a castigar por sistema. Pedimos que la política pública se haga con evidencia, no con pánico. Y pedimos, sobre todo, que el voto popular no sea un papel mojado que se corrige en despachos.

Si Ohio decidió legalizar en 2023, lo lógico es que cualquier ajuste posterior se haga con transparencia, sin trampas procedimentales y con la posibilidad real de que la gente diga: “Esto sí” o “Esto no”. No hay mayor garantía de convivencia que esa.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.

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