En el año 2016, se realizaron 113.396 controles de alcoholemia a personas involucradas en accidentes, dando como resultado 5.045 positivos (4,5%), y otras 554.593 pruebas a conductores infractores, con 4.281 positivos (0,8%). Asimismo, los test de consumo de drogas se fijaron en 3.026 a conductores involucrados en accidentes, de los que 829 dieron positivo (27%), además de otros 3.350 a personas que infringieron alguna norma de circulación, con 2.214 positivos (63%).

No obstante, a pesar de estas cifras elevadas y el riesgo que conllevan para la seguridad vial, aún existen conductores imprudentes que utilizan las redes sociales y diferentes aplicaciones para difundir la ubicación de los controles policiales y evitar los test. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha propuesto acabar con los ‘chivatazos’ equipando 300 motos de la Guardia Civil con alcoholímetros y detectores de drogas a fin de luchar contra las alertas, tal y como ha anunciado Gregorio Serrano, director de la DGT, a través de su cuenta de Twitter. De esta manera, será prácticamente imposible localizar los controles sorpresa, pues estarán en permanente movimiento.

Aunque aún no se han facilitado los detalles dado que por el momento están en fase de preparación, las nuevas motos que vigilarán las carreteras cuentan con “las ultimas tecnologías en seguridad y operatividad”, ha afirmado Serrano. Todo ello, no obstante, se ha logrado gracias a una inversión de cinco millones de euros.

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Con este movimiento, la DGT se acerca más a su objetivo de practicar a lo largo 2018 150.000 pruebas, superando las 100.000 que se prevén para 2017.

Cabe recordar que conducir superando la tasa de alcohol (con carácter general, 0,5 gramos de alcohol en sangre o 0,25 miligramos por aire respirado) o haber consumido drogas está sancionado con entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de entre 4 y 6 puntos del permiso de conducir.

Además, el Código Penal recoge delitos contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas penados con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años. Asimismo, la negativa a realizarse las pruebas está penado con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Pero esta no es la única infracción de circulación en la que la DGT focalizará sus esfuerzos, pues, de igual forma, los motoristas de la Guardia Civil llevarán en sus motos radares láser gracias a una inversión de 860.310 euros.

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