El descenso del consumo de cannabis entre los adolescentes desmonta los viejos fantasmas del prohibicionismo y abre la puerta a un debate que la política española sigue esquivando: la regulación como herramienta de salud pública.

Miren ustedes los datos. Obsérvenlos con detenimiento, porque a veces la realidad tiene la mala costumbre de estropearnos los prejuicios. Durante décadas, el discurso oficial, ese que se instaló en la trinchera de la “guerra contra las drogas”, nos ha repetido como un mantra que cualquier paso hacia la normalización o la tolerancia dispararía el consumo, especialmente entre los más vulnerables, nuestros jóvenes. Nos dijeron que el apocalipsis cannábico estaba a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, hoy, el Ministerio de Sanidad pone sobre la mesa una cifra que debería obligarnos a detener la maquinaria y pensar: el consumo de cannabis entre los adolescentes españoles de 14 a 18 años ha caído un 40% en las dos últimas décadas.

Es un dato formidable. Del 25% de escolares que admitían fumar porros en 2004, hemos pasado a un 15% en 2023. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Acaso hemos endurecido las penas? No sustancialmente. ¿Hemos llenado las calles de policía? No más que antes. Lo que ha ocurrido, señoras y señores, es que la sociedad ha cambiado, la percepción del riesgo ha evolucionado y, quizás, solo quizás, el fruto prohibido ha dejado de ser tan atractivo precisamente porque hemos empezado a hablar de él con más información y menos histeria.

Esta “Monografía sobre Cannabis 2025” nos coloca frente a un espejo en el que la clase política se resiste a mirarse. Mientras el consumo adolescente cae —una victoria de la prevención y la educación, no de la represión—, el consumo adulto se mantiene estable, pétreo, en torno a ese 12% mensual. Llevamos años estancados en las mismas cifras. La prohibición no reduce el consumo en adultos; simplemente lo empuja a la oscuridad. Y es en esa oscuridad donde reside el verdadero peligro que el informe señala con alarma y que constituye el argumento más sólido, paradójicamente, para la legalización.

Hablo de la potencia, de la química descontrolada. El informe alerta de que la concentración de THC (el componente psicoactivo) se ha disparado. Un 29% en la resina, un 12,6% en la hierba. Cifras que duplican o triplican las de hace veinte años. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque el mercado negro no pasa controles de calidad. Al narcotráfico no le interesa la salud pública, ni la dosificación, ni el etiquetado responsable; le interesa la potencia y la adicción. Al dejar el mercado en manos de las mafias, hemos permitido que el cannabis que circula por nuestras calles sea más fuerte, más impredecible y, por tanto, más peligroso para la salud mental de quienes deciden consumirlo.

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Aquí es donde el debate ético debe imponerse al moralismo rancio. Si el cannabis es la segunda sustancia responsable de las admisiones a tratamiento (un 27,4%, solo por detrás de la cocaína) y la causa principal en los menores, la estrategia de mirar hacia otro lado ha fracasado estrepitosamente. El Estado, en su función de garante de la salud pública, tiene la obligación de intervenir. No con el código penal, que estigmatiza al usuario y satura los juzgados, sino con la regulación.

Imaginen un escenario diferente. Un escenario donde ese adulto que va a consumir —porque lo va a hacer, con ley o sin ella, como demuestran los datos de estabilidad— pudiera acceder a un producto con una concentración de THC limitada por ley, libre de adulterantes, con controles sanitarios rigurosos y acompañado de información veraz sobre sus efectos. Eso es lo que ofrece la regulación integral: control.

La paradoja es sangrante. Celebramos que los jóvenes fumen menos, lo cual es una noticia excelente que sugiere que las campañas de prevención funcionan, pero nos negamos a proteger a los adultos y a los usuarios problemáticos mediante un marco legal seguro. El informe advierte sobre los comestibles, los e-líquidos y los cannabinoides sintéticos. Estas nuevas formas de consumo, que llegan con una variabilidad química que asusta a los toxicólogos, son hijas de la falta de regulación. En un mercado legal, el consumidor sabe lo que compra. En el mercado negro, el consumidor es un conejillo de indias.

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Hay quien dirá que legalizar es rendirse. Yo les digo que regular es madurar. Es aceptar que el “mundo sin drogas” es una utopía inalcanzable y que la responsabilidad de un Estado moderno es gestionar la realidad, no negarla. Si hemos logrado reducir el consumo adolescente sin necesidad de una “mano dura” extrema, ¿por qué tenemos tanto miedo a dar el paso con los adultos?

La prohibición nos cuesta dinero en recursos policiales y judiciales, pero sobre todo nos cuesta salud. Nos cuesta que un 2,5% de la población consuma a diario sustancias cuya composición real desconocen. Nos cuesta que el 46% de las urgencias por drogas tengan presencia de cannabis, muchas veces potenciado artificialmente.

Es hora de que España, que fue pionera en tantas libertades civiles, deje de ser hipócrita con este asunto. No se trata de fomentar el consumo, del mismo modo que regular el alcohol no es fomentar el alcoholismo. Se trata de arrebatar el mercado a quienes no tienen escrúpulos para dárselo al Estado, a los médicos y a los educadores. Los datos de 2025 nos dicen que los jóvenes son más sensatos de lo que creíamos. Quizás sea el momento de que los legisladores estén a su altura.

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Acerca del autor

The Swami

Amante del cannabis y especializado en el mundo de las sustancias psicoactivas. Escritor y psiconauta.

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