Cinco hospitalizados decenas de detenidos y menores involucrados en operativos federales que reavivan la tensión entre la Casa Blanca y el gobierno de California
En lo que ya se ha convertido en un nuevo episodio del agrio enfrentamiento entre los gobiernos federal y estatal, dos redadas migratorias coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sacudieron esta semana a California. Las intervenciones, ejecutadas en dos granjas de cannabis legal —una en Camarillo y otra en Carpinteria— dejaron al menos cinco personas hospitalizadas, una de ellas en estado crítico, y casi un centenar de detenidos. La operación ha encendido las alarmas de sindicatos, defensores de los derechos civiles y autoridades locales por el uso de gases lacrimógenos, el trato a los trabajadores y la presencia de menores no acompañados en los campos.
Los hechos ocurrieron el jueves por la mañana, cuando agentes federales irrumpieron en las instalaciones de Glass House Farms, una de las mayores productoras legales de marihuana del estado. En Camarillo, testigos relatan escenas de pánico: gases lacrimógenos arrojados entre plantas de cannabis, gritos, corridas, y un trabajador que cayó desde una estructura alta, sufriendo fracturas cervicales y necesitando soporte vital. Otros cuatro empleados fueron atendidos en el lugar por los servicios médicos. La violencia del operativo desató protestas inmediatas.
Menores entre los cultivos y acusaciones cruzadas
El operativo no solo encendió la indignación por su dureza. También desató una ola de denuncias tras la confirmación de que en el lugar se encontraron diez menores inmigrantes, ocho de ellos sin compañía adulta. Rodney Scott, exjefe de Aduanas y figura cercana al expresidente Donald Trump, lo difundió en la red social X con tono acusatorio: «Esta es la California de Gavin Newsom». La respuesta del gobernador fue tajante: “Niños corriendo para alejarse de los gases, llorando al teléfono porque se han llevado a sus madres de los campos. Trump me llama basura, pero él es la verdadera basura”.
Las imágenes que comenzaron a circular por redes mostraban a niños desorientados y trabajadores esposados en el suelo. La escena, con el telón de fondo de invernaderos y cultivos perfectamente legales, encendió una mecha social. Familias enteras y vecinos se concentraron durante horas frente a las granjas, exigiendo respuestas. Muchos de ellos, pese a tener papeles en regla, denunciaron haber sido retenidos ilegalmente o imposibilitados de regresar a sus vehículos hasta entrada la noche.
Una comunidad asustada y una justicia que promete más arrestos
La supervisora del distrito de Ventura, Vianey López, se mostró visiblemente afectada en declaraciones a la prensa: “Es una situación en curso muy preocupante para la seguridad de quienes se manifiestan con rabia y decepción por lo que está ocurriendo con la gente trabajadora de nuestra comunidad”.
El fiscal federal Bill Essayli fue tajante al anunciar que las detenciones no han terminado: “No interfiera. Será arrestado y acusado de un delito federal”. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los operativos respondían a órdenes de registro por presuntas irregularidades en la producción, aunque no se han hecho públicas las acusaciones concretas.
En paralelo, se ha ofrecido una recompensa de 50.000 dólares por información sobre una persona que supuestamente disparó un arma durante el operativo de Camarillo. Según fuentes locales, se trata de un incidente aislado, aunque el dato ha sido utilizado para justificar el uso de la fuerza.
El silencio de la empresa y un país que vuelve a dividirse
Glass House Farms, la empresa propietaria de las granjas, emitió un escueto comunicado en el que asegura haber colaborado con las autoridades y se reserva futuras declaraciones “si resultan necesarias”. Las instalaciones permanecieron cerradas al día siguiente.
Este nuevo capítulo, en el corazón de una industria legal en California pero aún ilegal a nivel federal, pone nuevamente sobre la mesa el drama humano de los trabajadores migrantes, la criminalización de los sectores vulnerables y una política migratoria que, bajo el pretexto del orden, reproduce escenarios de violencia y separación familiar.
En esta historia de redadas, gases, gritos y niños solos, lo que queda es el ruido de un país partido, y el eco de una pregunta que persiste: ¿a qué precio se hace cumplir la ley?
Acerca del autor
Escritor especializado en cannabis y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.
- Justin Viverohttps://www.cannabismagazine.net/author/elcolgado/
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