Se trataría de dotar de vías de acceso para el autocultivo y regular el mercado a través de un sistema de licencias bajo control estatal y puntos de venta

Artículo por artículo y a través del “trabajo militante”, Unidas Podemos sigue desarrollando un proyecto de ley para la regulación integral del cannabis. Según los cálculos que manejan en la formación morada, para la segunda quincena de mayo se completará la revisión del grueso de la iniciativa. Si bien se evitan establecer plazos, por la flexibilidad que implica su método de trabajo con asociaciones y organizaciones prorregulación, los representantes de la formación que coordinan esta iniciativa ley, con la diputada Lucía Muñoz a la cabeza, avanzan que estará lista “más pronto que tarde” y que su objetivo es llevarla al Congreso en la segunda mitad de la legislatura.

Además de las comparecencias específicas sobre esta materia en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, como la que ya se produjo de la catedrática de derecho penal Araceli Manjón-Cabeza, no se descarta desde Unidas Podemos presentar una proposición no de ley para calibrar el apoyo de resto de grupos parlamentarios a su propuesta. Desde el PNV, por ejemplo, comparten la necesidad de abordar la regulación, pero entienden que el enfoque adecuado debe ser sanitario, en lugar de llevarlo a la comisión de adicciones.

Su propuesta, en línea con otros grupos como Ciudadanos o JxCat, pasa por limitar la regulación al cannabis medicinal, excluyendo el uso recreativo. De ahí que se haya solicitado la creación de una subcomisión en Sanidad y Consumo. En 2017 el Congreso ya creó una subcomisión para analizar el uso terapéutico del cannabis y los naranjas registraron ese mismo año una proposición no de ley en el Congreso para regular el uso medicinal de esta sustancia.

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La apuesta de los nacionalistas vascos pasaba por poner en marcha procesos de escucha a los agentes implicados para dar la “respuesta más objetiva y acertada posible a cuestiones que, como la relativa al cannabis terapéutico, son complejas y suscitan amplio debate social“. El objeto de su iniciativa sería “dar voz y poner oídos a experiencias ya existentes y a todo aquello que pueda enriquecer la reflexión: bases jurídicas, evidencia científica o dificultades técnicas para su implementación”.

Desde el PSOE argumentan que esta iniciativa no está recogida en el programa de Gobierno

La diputada Josune Gorospe ya formuló en el Congreso una pregunta por escrito a este mismo respecto, el pasado mes de septiembre, en cuya respuesta el Gobierno español aseguró que el uso del cannabis terapéutico “debe establecerse basándose en pruebas científicas sobre su calidad, seguridad y eficacia para usos médicos obtenidos mediante ensayos clínicos controlados”. Desde el PSOE, con todo, descartan directamente que se trate de una prioridad, y además argumentan que esta iniciativa no está recogida en el programa de Gobierno.

La iniciativa de los morados es que la regulación sea integral, como ya defendieron en la anterior legislatura. Desde ERC comparten también este mismo enfoque. Se trataría de dotar de vías de acceso para el autocultivo y regular el mercado a través de un sistema de licencias bajo control estatal y puntos de venta. Según los borradores, las licencias se otorgarían tanto para la producción como para la distribución y la venta, pero no para los consumidores, como sí ocurre por ejemplo en Uruguay a través de un sistema de registro de usuarios. El marco regulatorio establecido en Canadá es uno de los espejos en los que se están mirando.

El anterior proyecto de ley de Unidas Podemos, que no llegó a ver la luz al decaer la legislatura por la convocatoria anticipada de elecciones, contemplaba acompañar la legalización de una política punitiva “contundente” para quien incumpla la legislación, principalmente si se vende a menores. Los locales de venta en el circuito legal que se saltasen las normas establecidas en la ley tendrían como castigo inmediato la retirada de la licencia.

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Desde Unidas Podemos se fijaban asimismo en los resultados que estas medidas han tenido en EEUU para concluir que la mayoría de puntos de venta no se arriesgaría a perder la licencia por vender a menores, lo que dificultaría el acceso de estos al cannabis. La desaparición del mercado negro era otra de las consecuencias que se destacaban como valor preventivo en el texto que está sirviendo como base para esta nueva iniciativa legislativa. Todo ello iría acompañado, además, de programas de prevención y educación con base en la información para el control de riesgos.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.