En 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también se introdujo el cultivo, procesamiento y exportación legal de cannabis para uso médico. Hasta hoy, la inversión total en explotaciones y laboratorios legales de cannabis en el país alcanza unos 600 millones de dólares canadienses (472 millones dólares estadounidenses), incluidos “unos 100 millones de dólares canadienses (78 millones dólares estadounidenses) invertidos por empresas canadienses, que están entre las más activas del sector”, según Michael Cullen y Miguel Salcedo, asesores internacionales en FTI Consulting.

Ese mismo año, las autoridades nacionales concedieron la primera licencia a PharmaCielo, empresa canadiense cuya subsidiaria está radicada en Rionegro, provincia de Antioquia, y da empleo a 500 colombianos.

Según el departamento de enlace con los medios de PharmaCielo, su compromiso con las operaciones de la empresa en Colombia se mantiene “sin cambios desde que se establecimió”.

Ese es el núcleo de nuestra estrategia empresarial, y esperamos seguir creciendo con el tiempo”, dijo el portavoz a Media Co-op en un correo electrónico.

La empresa trabaja con Seynekun, asociación liderada por el pueblo arhuaco al servicio de comunidades indígenas que trabajan en distintos proyectos en Sierra Nevada, ubicados en las provincias de Magdalena y Cesar.

PharmaCielo también trabaja con Caucannabis Cooperative, que pretende mejorar la salud de la gente gracias al cannabis medicinal. Esta cooperativa tiene 63 miembros de distintos grupos rurales y étnicos, incluidos agricultores y miembros de las comunidades indígenas nasa y paeces diseminadas por cinco municipalidades: Miranda y Toribio, Jambaló, Corinto, Caloto y Cauca Norte.

Además, Asocolcanna, asociación colombiana de industrias del cannabis, cuenta con 30 miembros, entre ellos, las compañías colombiano-canadienses Pharmacielo, Khiron, Nusierra, Ecopharma, Canopy Growth, Avicanna, Cleaver Leaves y Green Health, además de otras empresas canadienses que no aparecen en su sitio web, como Verdemed y Aphria.

Según Fedesarrollo, centro colombiano de investigación socioeconómica, se prevé un crecimiento del 44 % en el mercado mundial del cánnabis hasta 2025.

En 2019, la estadounidense One World Pharma obtuvo licencias en Colombia para el cultivo de productos no psicoactivos de bajo THC, manufactura de derivados de hachís y uso de semillas. También solicitaron su asociación con el pueblo misak para el cultivo, compra y venta de cannabis no psicoactivo para investigación medicinal y científica.

Esta empresa también trabaja con Wala Cannabis. Ambas recibieron la Cruz de Belacázar de la asamblea provincial por sus inversiones en 2019 (Belalcázar fue un conquistador español que fundó la ciudad de Popayán en Cauca, cuya estatua fue derribada por los misak en 2020).

“El cannabis no pertenece a nuestra medicina tradicional”

No obstante, este flujo masivo de inversión en cánnabis pone en riesgo los estándares tradicionales de vida de las naciones indígenas como los misak. Más de 26 000 misak viven en el país, repartidos por las provincias de Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta, y muchos se sienten incómodos con el cultivo del cánnabis.

Mama Mercedes Tunubalá, alcaldesa misak del municipio de Silvia, en la provincia de Cauca, explicó a Media Co-op que las autoridades ancestrales temen por el futuro de las nuevas generaciones y las perturbaciones sociales que traen este tipo de monocultivo, como evidenció el cultivo del opio en el pasado.

“Creemos en las plantas medicinales, calientes y frías, que tienen sus funciones, pero el cannabis no forma parte de nuestra medicina tradicional”, nos dijo. “No nos interesa y no lo usamos”.

Jesús Tunubalá, secretario político del Consejo de Taitas y Mamas, autoridad ancestral Misak Nu Nakchack, también dice que el cultivo del cannabis puede provocar conflictos de tierras en los que se disputen el territorio distintos actores sociales como paramilitares y traficantes de drogas.

También defiende sus propias prácticas agrícolas, que según él son respetuosas con la Madre Tierra, como el cultivo de yatules (huertos) adyacentes a sus casas. Tunubalá afirma que esos cultivos promueven formas tradicionales de agricultura, al contrario que los monocultivos de cánnabis.

La situación de los misak ha empeorado por el déficit de tierra al que se enfrentan.

Por ejemplo, en la reserva de Guambia, el 78 % del terreno está protegido por ser ecosistemas importantes y zonas sagradas, lo que deja solo un 22 % de la tierra disponible para uso agrícola.

Taita José Pillimue, vicegobernador misak del consejo ciudadano de la reserva de Guambia, añadió que los monocultivos de cannabis han dividido a su pueblo, pues algunos agricultores han perdido el respeto por la guía de las autoridades ancestrales que protegen la tierra y la soberanía de los alimentos comunitarios.

La división ya se está produciendo, ya que algunas empresas dirigidas por misak se han asociado con la estadounidense One World Pharma, como Farmacéutica Indígena Medicinal Wala Cannabis Zomac Colombia S.A.S y Pharma Indígena Misak Masnar S.A.S. Media Co-op ha intentado contactar con estas empresas, pero hasta el momento de esta publicación no había obtenido respuestas.

No obstante, las autoridades misak son claras.

“El pueblo misak no se subyugará a la instalación de un régimen corporativo en nuestros territorios, porque no venderemos nuestra fuerza de trabajo, ni nos volveremos obreros de una empresa extranjera”, dice un comunicado de prensa.

Las multinacionales no son bienvenidas

Cauca es la segunda provincia colombiana en población indígena, estratégicamente ubicada en el suroeste, con una ruta al océano Pacífico, climas variados, tierras fértiles, minerales y metales.

Según el Observatorio Colombiano de Drogas, en 2017 Cauca era la provincia con la mayor cantidad de cultivos de opio y de cannabis. Catorce de las 91 masacres perpetradas en 2020 ocurrieron en esta provincia, incluido el asesinato de 96 de los 300 líderes sociales que viven ahí. Este año ya se ha producido otra masacre en la zona.

La ubicación de Colombia es ideal para los inversionistas extranjeros por su clima, luz de sol, su localización geoestratégica para las exportaciones y los bajos costos de producción (unos 0,50 dólares/g de cannabis contra los 2,10 dólares/g en Canadá). Un costo de producción menor significa trabajadores baratos (mal pagados).

Esto explica por qué es tan alto el número de licencias concedidas por el ministerio colombiano de Sanidad. El 30 de diciembre de 2020 había 632, además de las aprobadas por el Ministerio de Justicia e Interior.

En 2020, los medios tradicionales informaron que Pharma Indígena Misak Manasr S.A.S, controlada por un grupo de misak, había obtenido la primera licencia para el cultivo de cannabis, e iba a trabajar con la compañía estadounidense One World Pharma.

Pero a pesar de publicitarse como “buenas noticias”, las autoridades nacionales ancestrales Misak Nu Nakchak —Fogón de la Autoridad Mayor y Unidad del Pueblo Misak— expresaron su oposición.

En un comunicado de prensa recordaron el mandato de los congresos nacionales de 2017 y 2019, que prohibieron la “intromisión de monocultivos o formas de economías externas que afecten y dañen el equilibrio de nuestras soberanías ancestrales indígenas Misak”.

En este comunicado declararon “Hemos determinado que en ninguno de los territorios nu nakchak a nivel nacional se permitirá la experimentación del recurso colectivo de la tierra con siembra de monocultivos, exploración o explotación minera otros proyectos que desarmonicen la salud de la cultura, la espiritualidad y territorio misak”.

Las autoridades misak declararon además que producir cannabis alimenta a las empresas multinacionales que ocupan tierras necesarias para satisfacer las propias necesidades de los misak, y no respetan el legado de los ancestros que lucharon por esas tierras.

Taita José Pillimue cree que el Gobierno colombiano debería limitar la entrada de corporaciones transnacionales, que influyen en la economía política donde se establezcan.

Enfatizó que la presencia internacional en los territorios indígenas tiene un impacto negativo en su cultura y su estabilidad económica.

Por esa razón que la proliferación de empresas multinacionales, que acumulan riqueza para los países industrializados, simplemente no es bienvenida, añade Pillimue.