Un decreto de 1967 firmado por Franco permite hoy a España estar entre los ocho mayores productores de cannabis medicinal del mundo, aunque sus ciudadanos aún no pueden acceder legalmente a él.
En una de esas ironías que sólo caben en la historia de España, nuestro país figura hoy entre los ocho mayores productores de cannabis medicinal del mundo gracias a un decreto firmado por Francisco Franco en 1967. Así lo ha desvelado el programa Malas Lenguas de RTVE, presentado por Jesús Cintora, que cada semana se dedica a desmontar mitos con datos duros y humor afilado. Y en este caso, el dato es tan surrealista como revelador: España cultiva cannabis medicinal a escala industrial… pero sin garantizar el acceso legal a sus ciudadanos enfermos.
El franquismo como origen legal de una industria millonaria
Aunque pueda sonar a guasa, la producción legal de cannabis en España se rige todavía por una normativa de tiempos del franquismo, concretamente por el Decreto 287/1967, que regula los cultivos de plantas estupefacientes bajo control del Estado. Aquella ley, pensada para controlar la producción de opio y cáñamo industrial, es hoy la base jurídica que permite que empresas como Linneo Health, propiedad del multimillonario Juan Abelló, cultiven más de 50 toneladas anuales de cannabis con alto contenido en cannabinoides… pero con un solo destino: la exportación.
En otras palabras: España produce cannabis de calidad farmacéutica para países como Alemania o Israel, pero no lo pone al alcance de sus propios ciudadanos. Una paradoja que roza lo obsceno en un país donde se calcula que unas 300.000 personas recurren al cannabis, en su mayoría de forma irregular, para tratar dolencias como el dolor crónico, la esclerosis múltiple, las náuseas derivadas de la quimioterapia o trastornos del apetito.
Cannabis para fuera, represión para dentro
Los datos que ofreció Malas Lenguas son claros: Reino Unido lidera la producción global con más de 400 toneladas, seguido por Canadá, Uruguay, Australia e Israel. España ocupa el octavo puesto con 51,3 toneladas cultivadas en 2024, pero la práctica totalidad de esta producción no tiene retorno social. El único “beneficio” nacional es para los balances de empresas privadas que operan con licencias que el Estado otorga con cuentagotas, sin transparencia ni control democrático.
Mientras tanto, cualquier persona que cultive en casa su propio cannabis medicinal puede enfrentarse a registros policiales, multas o incluso penas de cárcel. Todo esto mientras el país exporta cannabis “premium” al por mayor.
Una regulación atrapada entre el inmovilismo y el negocio
En 2022, el Congreso de los Diputados aprobó un informe para regular el uso medicinal del cannabis en España. La propuesta instaba a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a crear un marco regulador que garantizara el acceso bajo prescripción médica. Tres años después, ese informe duerme el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de Sanidad.
El Gobierno, atrapado entre el miedo al coste político y la presión de las farmacéuticas, sigue sin mover ficha. Mientras tanto, la única puerta abierta al cannabis legal sigue siendo la exportación industrial, blindada para un pequeño grupo de empresas autorizadas.
La gran contradicción: producir sí, aliviar el dolor no
“La situación es tan absurda como injusta”, denunció en el programa el cómico Kaco Forns. “España produce toneladas de cannabis que podrían aliviar el sufrimiento de miles de pacientes… pero la mayoría tiene que seguir comprándolo en el mercado negro, sin garantías, sin seguimiento médico, y arriesgándose a sanciones”.
Esta contradicción no es menor: mientras el Estado persigue al usuario individual que cultiva tres plantas en su terraza, permite que una élite empresarial acumule beneficios millonarios vendiendo ese mismo producto fuera del país. Todo esto bajo el amparo de una ley firmada por un dictador hace más de medio siglo.
¿Y si legalizar fuera también democratizar el acceso?
La situación de España es representativa de un modelo fallido: un país con potencial científico, agronómico y farmacológico de primer nivel, que en vez de aprovecharlo para mejorar la salud pública, lo cede al interés privado y a los mercados internacionales. Mientras tanto, pacientes, médicos y asociaciones siguen reclamando una ley que regule el uso medicinal del cannabis en igualdad de condiciones, con seguimiento médico, formación sanitaria y acceso desde el sistema público.
Una regulación moderna para salir del pasado
Que la base legal de nuestra industria de cannabis sea una ley franquista no debería ser un dato pintoresco, sino una alarma institucional. La legislación española necesita ponerse al día con la evidencia científica, los derechos de los pacientes y los estándares internacionales. Porque el cannabis medicinal no debería ser un negocio para unos pocos, sino una herramienta terapéutica al servicio de todos.
Acerca del autor
Manu Hunter
Periodista cannábico con un estilo desenfadado pero siempre riguroso. Cuenta historias que prenden, informan y desmontan mitos, acercando la cultura cannábica al mundo con frescura y credibilidad. ¡Donde hay humo, hay una buena historia!
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