El anuncio hecho por el Gabinete del presidente colombiano, Iván Duque, ha generado un intenso rechazo entre quienes consideran que esta decisión solo causará costos humanos y daños ambientales.

Colombia está a las puertas de materializar uno de los proyectos defendidos con más empeño por el Gobierno de ese país para la erradicación con herbicidas de los cultivos de coca, a pesar de las decisiones judiciales que le han cortado el paso y de la oposición de distintos sectores y organismos internacionales que han alertado sobre sus impactos negativos.

Se trata de las fumigaciones aéreas con glifosato, consideradas de carácter “obligatorio” por el presidente Iván Duque para eliminar los sembradíos ilegales de coca, que alcanzan las 212.000 hectáreas en ese país. En días pasados, el mandatario emitió un decreto con el basamento legal para la cristalización de una de sus promesas electorales y de su compromiso con Washington.

Esta semana, en un mensaje institucional conjunto, los ministros de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y de Defensa, Diego Molano, anunciaron el decreto presidencial 380 que establece los lineamientos del ‘Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea’, que no será puesto en marcha aún, según afirmaron.

Orejuela aclaró que este marco normativo “no reactiva automáticamente el Programa” , debido a que le corresponda al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) tomar la decisión sobre la reanudación de las aspersiones aéreas interrumpidas en 2015 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificara como un herbicida “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), que forma parte de la OMS, concluyó que la exposición al glifosato podría relacionarse con la generación del linfoma no hodgkiniano, que es un tipo de cáncer del tejido linfático.

Por otra parte, la Corte Constitucional determinó en las sentencias T236, de 2017, y en el Auto 387, de 2019, una serie de requisitos sanitarios y ambientales que deberían cumplirse para retomar este método, que había sido practicado en Colombia desde los años 80. Aunque a partir de 2017 la actividad quedó suspendida, le correspondería al Gobierno acatar las exigencias para retomarla con el visto bueno del CNE.

“El enemigo son los cultivos ilícitos”

El titular de Defensa aseveró que el objetivo de esta medida es “un pasó más” para “combatir el narcotráfico que destruye los ecosistemas naturales y es el principal generador de violencia en el país”.

Toda Colombia tiene que tener absoluta tranquilidad“, pidió Molano, y dijo que esta determinación busca proteger el medio ambiente y la salud de los campesinos.

Frente a las posibles críticas por este anuncio, afirmó: “El enemigo son los cultivos ilícitos, cada minuto que pase genera más violencia”.

Del mismo modo, recordó que el objetivo del Ejecutivo es el de reducir el número total de hectáreas de coca con la combinación de varios métodos, entre ellos las 130.000 hectáreas que se esperan erradicar de forma manual este año.

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¿Quién tomará la decisión?

El Gobierno afirmó que el Decreto 380 se suma a “otras acciones para combatir los cultivos ilícitos”, que incluyen la sustitución voluntaria y la erradicación manual. Esta última ha sido criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos porque pone en riesgo la vida de los civiles y de los miembros de los cuerpos de seguridad ante la presencia de minas antipersona y los ataques de los grupos armados.

Si bien el Ejecutivo no puede tomar la determinación unilateral de reactivar las aspersiones, la decisión, según la Corte, queda en manos del CNE, que es señalado de estar integrado por una mayoría afín al mandatario.

En el texto también se explica que los efectos adversos sobre la salud y las quejas serán atendidas por una serie de organismos distintos a quienes están el programa, como lo son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda.

Ya la ANLA dio el visto bueno y modificó el Plan de Manejo Ambiental, donde se incluyeron más medidas y un programa de seguimiento con mayor detales sobre los efectos del glifosato en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos.

¿Qué incluye el decreto?

De aprobarse las fumigaciones aéreas con el herbicida, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

  • Serán excluidas las áreas de los parques nacionales y regionales; los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y manglares; los cuerpos de agua y los centros poblados.
  • Este método propuesto por el Gobierno ha sido llamado de ” aspersión por precisión “.
  • El operador será la Policía Nacional , adscrita al Ministerio de Defensa, que desarrollará un programa “totalmente automatizado” que solo se aplica en las zonas donde hay cultivos extensivos e industriales y donde hay presencia de grupos al margen de la ley .
  • Será un programa con seguimiento permanente y evaluación con informes al CNE, que debe pronunciarse si mantiene, modifica o elimina el programa.
  • Se analizará hacer una consulta previa a las comunidades étnicas “cuando la ejecución del programa sea susceptible de afectarlas”.

Colombia, EE.UU. y las drogas

Como cortina de fondo de esta decisión hay cifras alarmantes que se han sostenido en el tiempo. Colombia produce 70 % de la cocaína que es consumida en el mundo, por lo que el presidente Duque ha reiterado su compromiso con EE.UU., principal destino de las sustancias ilícitas colombianas, en la “lucha contra las drogas”.

Bogotá tiene sobre sus hombros la promesa de reducción de la mitad de los cultivos de coca antes de 2023, lo que implica tener menos de 100.000 hectáreas sembradas. Este año, el Departamento de Estado certificó la labor de Duque en la lucha contras las drogas y destinó 25.000 de dólares para este fin, tras considerar que había cumplido con lo establecido.

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En cuanto a los costos, Semana recoge que erradicar una hectárea de cultivos de coca cuesta 4,8 millones de pesos (unos 1.300 dólares) a través de aspersión terrestre; 3,2 millones (873 dólares) con los Grupos Móviles de Erradicación, 3 millones (819 dólares) con la Fuerza Pública y 1,8 millones (491 dólares) con aspersión aérea.

A finales de 2020 una comisión mixta de la Cámara de Representantes estadounidense afirmó que el ‘Plan Colombia’, suscrito por el país suramericano y EE.UU. hace 20 años, había sido “un fracaso” en el control de la producción y el tráfico de drogas. En el texto se especifica que los distintos gobiernos colombianos habían recibido desde entonces 11.600 millones de dólares para combatir el narcotráfico.

Aluvión de voces en contra

Una vez hecho el anuncio, distintos actores políticos, organizaciones de defensa de los derechos humanos y ambientales, campesinos y miembros de pueblos indígenas reanudaron el debate que se ha dado en otras oportunidades sobre sus costos humanos (tanto para la salud como para la integridad física) y los daños ambientales que causaría esta decisión en ciernes.

Aunque la solución para acabar con las hectáreas de coca ha sido un dilema no resuelto, entre los argumentos de quienes se oponen al Gobierno se han expuesto alternativas como la legalización de la producción de cocaína, el cumplimiento de los acuerdos de paz y la atención del Estado de la población más vulnerable.

La Coordinadora departamental de organizaciones ambientales, sociales y campesinas del Caquetá emitió un comunicado en rechazo de la medida y pidió convocar movilizaciones en contra de las fumigaciones. “Nos oponemos a que se envenenen nuestros campos“, se afirma en el texto.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana calificó el decreto como un “golpe del Gobierno nacional en contra de la construcción de paz con justicia social y ambiental”.

El senador Iván Marulanda, quien llevó a Congreso un proyecto de legalización de la cocaína que se discutió por primera vez este miércoles, también manifestó su rechazo y ratificó su propuesta.

El también congresista Omar Restrepo escribió que 17 países han restringido el uso del herbicida y que “en EE.UU se han recibido 125.000 demandas por cáncer como consecuencia del uso del Roundup, hecho con base en el glifosato”.

El senador del partido Comunes, surgido tras el acuerdo de paz entre las extintas FARC y el Estado colombiano, Pablo Catatumbo, manifestó en su cuenta de Twitter que el uso del químico desconoce “la ruta de sustitución voluntaria de cultivos” que tiene como “eje central” resolver las necesidades de las comunidades cultivadoras para sacarlas de las economías ilícitas”.

Ya en marzo de este año un grupo de 180 académicos había escrito una carta donde le solicitaban al presidente estadounidense, Joe Biden, que no apoyara la aspersión aérea con el herbicida como lo había hecho su antecesor, Donald Trump, y que el Gobierno de ese país replanteara el enfoque del apoyo al país suramericano en el combate contra las drogas, teniendo como prioridad el tema de la salud pública y el desarrollo rural, como quedó establecido en los acuerdos de paz.

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