Mike Hilgers lidera una cruzada contra una ley que el 71% del electorado aprobó; el debate ya no es solo político, es moral
El fiscal general de Nebraska, Mike Hilgers, ha intensificado su oposición a la implementación del cannabis medicinal en el estado, pese a que los ciudadanos lo aprobaron en las urnas con un apoyo abrumador del 71%. En una rueda de prensa cargada de simbolismo y respaldo policial, Hilgers se posicionó enérgicamente contra el Proyecto de Ley 677, que busca crear un marco regulatorio para el uso médico del cannabis.
Acompañado por una docena de sheriffs, el fiscal dibujó un escenario alarmista: habló de “mercados negros supercargados”, de riesgos para la seguridad pública y de profesionales sanitarios en peligro. Y todo, mientras la ley que se opone a reglamentar ya está en vigor desde diciembre.
El contraste no puede ser más elocuente: mientras Hilgers exige esperar a enero para resolver en los tribunales lo que los votantes ya decidieron en noviembre, los impulsores del proyecto —como el senador Ben Hansen y organizaciones ciudadanas— advierten que sin regulación efectiva, Nebraska está dejando a miles de pacientes a merced del caos o la ilegalidad.
Democracia bloqueada
Crista Eggers, activista y madre de un niño con epilepsia, fue clara: “No hay mayor hipocresía que pedir respeto por la voluntad popular mientras se la sabotea en los tribunales y el parlamento”. Su grupo lleva años luchando por una alternativa terapéutica que en decenas de estados ya es legal y eficaz. Hoy siguen esperando.
La propuesta de Ley 677 no promueve el consumo recreativo. De hecho, prohíbe expresamente fumar cannabis, limita su uso a pacientes con recomendación médica y establece controles rigurosos. Pero para Hilgers, permitir la flor de cannabis —aunque no pueda fumarse— “es como permitir comprar cerveza pero prohibir beberla”.
El fiscal alerta de un sistema sin frenos, aunque lo que propone el proyecto es precisamente lo contrario: trazabilidad desde la semilla hasta la dispensación, supervisión médica y sanciones para usos indebidos. Lo que está en juego no es el acceso libre, sino la protección efectiva de quienes necesitan esta terapia.
Un debate que trasciende la ley
El fondo del asunto es otro: ¿puede un funcionario elegido democráticamente situarse por encima de una mayoría ciudadana? ¿Tiene derecho a obstaculizar la implementación de una norma solo porque no la comparte? Hilgers dice actuar por principios. Pero los principios, en democracia, también deben someterse al veredicto de las urnas.
En paralelo, la comisión estatal encargada de redactar la regulación sigue paralizada: sin personal, sin reuniones, sin reglamento. Y con el calendario legislativo corriendo, el tiempo apremia. Si no se aprueba la ley antes del 9 de junio, la situación se volverá aún más incierta.
Algunos legisladores temen que este vacío legal termine empujando a Nebraska, irónicamente, hacia una legalización recreativa vía referéndum. Porque si la política se niega a actuar, la ciudadanía puede volver a las urnas.
Y lo haría, esta vez, con una lección aprendida: que no basta con ganar un voto. Hay que defenderlo frente a quienes, amparados en sus cargos, intentan vaciarlo de sentido.
Acerca del autor
Escritor especializado en cannabis y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.