El gobernador republicano Greg Abbott veta una ley respaldada por su propio vicegobernador y deja en el aire el futuro de un mercado que mueve miles de millones mientras crece la presión para una regulación federal del cannabis

En una decisión que ha sacudido los cimientos políticos y económicos de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ha vetado una ley que habría instaurado una de las prohibiciones más severas del país contra los productos derivados del cáñamo con efectos psicoactivos, como gominolas, bebidas, vaporizadores y cigarros que contienen THC.

El proyecto, conocido como Senate Bill 3, pretendía ilegalizar por completo cualquier producto de cáñamo que contuviera tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia responsable del efecto psicoactivo del cannabis. Esto incluía no solo el delta-9 THC (presente en la marihuana tradicional), sino también sus variantes sintéticas como el delta-8, cada vez más populares en mercados donde el cannabis recreativo sigue siendo ilegal.

La jugada de Abbott ha sorprendido a propios y extraños. Su decisión ha provocado un enfrentamiento directo con su vicegobernador, el también republicano Dan Patrick, férreo defensor de la prohibición. Patrick había hecho de la lucha contra estos productos una cruzada personal, llegando incluso a mostrar en una rueda de prensa una piruleta con infusión de THC mientras advertía sobre los “peligros” de que los niños pudieran consumir estas sustancias sin saberlo.

Una industria al borde del abismo… y del alivio

El veto ha sido recibido como un salvavidas por una industria que, según cifras del Texas Hemp Business Council, da empleo a más de 53.000 personas y mueve miles de millones de dólares al año a través de unas 8.000 tiendas. Cynthia Cabrera, presidenta del consejo, resumía el sentimiento generalizado: “Ha sido un final de infarto, pero al final se impusieron la lógica, la razón y la inteligencia”.

Y es que más allá de la política, el asunto ha puesto sobre la mesa una cuestión que arde en medio de la ambigüedad legal: ¿cómo regular una planta legal —el cáñamo— que puede producir compuestos psicoactivos sin estar sujeta a las mismas restricciones que la marihuana?

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La clave está en la Farm Bill de 2018, una ley federal aprobada con apoyo bipartidista que legalizó el cáñamo al establecer un límite de 0,3% de THC en su peso seco. Lo que no anticipó fue que, a partir de esta definición, surgieran productos como el delta-8 o la flor de THCA —legalmente cáñamo, pero con efectos similares a la marihuana— que han inundado el mercado, especialmente en estados conservadores como Texas o Carolina del Norte.

La batalla legal y el parcheado mapa del cannabis

Abbott justificó su veto apelando a la legalidad federal: “La ley habría enfrentado desafíos constitucionales válidos, y en el mejor de los casos, su aplicación habría quedado paralizada durante años en los tribunales”. Su solución: convocar una sesión legislativa extraordinaria a partir del 21 de julio para tratar de diseñar una regulación que sea efectiva, coherente con la ley federal y que cuente con financiación para su cumplimiento.

Pero Patrick no se quedó callado. En una rueda de prensa, contraatacó con ironía: “¿Desde cuándo nos importa quién nos demanda por aprobar una ley? Lidiamos con demandas todo el tiempo”. El choque entre ambos líderes republicanos no solo pone de relieve las divisiones internas del partido, sino también la creciente presión de un electorado que, incluso en estados conservadores, exige alternativas legales y accesibles al cannabis tradicional.

Entre veteranos y empresarios: las caras del debate

Uno de los sectores más movilizados en defensa del THC derivado del cáñamo ha sido el de los veteranos. Dave Walden, excombatiente en Irak y Afganistán y actual comandante estatal de los Veteranos de Guerras Extranjeras en Texas, no ocultó su emoción al conocer el veto: “Los productos de cáñamo me devolvieron la vida. Los opioides del Departamento de Veteranos casi me matan”.

Jesse Redmond, ejecutivo de LEEF Brands, una empresa californiana dedicada al cannabis, va más allá: “Lo que ocurre en Texas demuestra algo evidente: los estadounidenses quieren THC legal y accesible, sea cáñamo o marihuana”. Según él, la demanda desborda al sistema legal actual, y la falta de uniformidad regulatoria entre estados solo añade confusión.

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En otros estados como California, donde la marihuana recreativa es legal, las autoridades han optado por prohibir también ciertos productos de cáñamo alegando razones de seguridad infantil. La paradoja es evidente: mientras unos estados luchan por regular la marihuana, otros lo hacen contra productos legales que buscan suplir su ausencia.

El futuro del cannabis pasa por Texas

Con el veto de Abbott, el debate en torno al cannabis legal da un nuevo giro. La decisión no resuelve el dilema, pero al menos ofrece una prórroga para una industria que hasta ahora ha crecido en los márgenes de la legalidad. Queda por ver si el próximo mes, la legislatura texana será capaz de construir un marco legal coherente, realista y justo. De lo contrario, el “patchwork” legislativo que cubre el mapa del cannabis en Estados Unidos seguirá creciendo… con Texas en el epicentro del huracán.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.

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