El Parlamento vasco pide al Gobierno que ejerza sus competencias y regule los clubes de consumidores que superan el medio centenar en Euskadi

El acuerdo alcanzado por PNV, EH Bildu y PSE manifiesta su preocupación por el aumento del consumo del cannabis, subraya “que no es inocuo, ni se debe promocionar”, pero, salvado ese importante matiz, insta al Gobierno vasco a que “regule” las asociaciones de consumidores “porque ha llegado el momento de dar pasos para legalizar el consumo del cannabis”, han defendido su promotores.

El acuerdo pone fin a un debate que se ha prolongado las dos última legislaturas, en las que el Parlamento vasco ha recabado el testimonio de decenas de expertos, juristas y responsables institucionales. El dictamen, que han suscrito PNV, EH Bildu y PSE, insta al Ejecutivo de Urkullu a ejercer sus competencias para “avanzar en un sistema propio que ofrezca garantías y seguridad jurídica a los clubes sociales de cannabis”.

 “Ha llegado el momento de dar pasos para legalizar el consumo del cannabis, que se trata de ejercer la libertad individual sobre una sustancia dañina” ha asegurado el parlamentario del PNV, Luis Javier Tellería. Según Txaro Sarasua del PSE, “es necesario, porque no hacerlo supone juzgar bajo los mismos parámetros a las asociaciones sin ánimo de lucro cuya finalidad es el autoabastecimiento de la sustancia y a aquellas que están surgiendo por doquier en Euskadi, cuyo fin si es lucrativo y objeto de tráfico ilícito de la droga”.

El texto propone que esa regulación se haga a través de la Ley de Adicciones, ahora en tramitación, fije “derechos y obligaciones” y contemple “normas, programas y protocolos de actuación”, aunque, entre tanto, emplaza a las asociaciones a que “establezcan mecanismos de autorregulación y buenas prácticas”. También deja claro que “los usos medicinales y terapéuticos deberán quedar excluidos” de este ámbito de regulación. Asimismo, la propuesta reclama al Gobierno central, las Cortes generales y la administración de Justicia que revisen la normativa con el fin de dar y “un soporte legal, seguro y comprensible” para los citados colectivos. Se ha descolgado del acuerdo el PP que considera que Euskadi no tiene competencias para regular este ámbito.

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