Bajo la nueva instrucción de Interior, el consumo de drogas en un coche estacionado deja de ser sancionable. Esta medida, criticada por sectores policiales y celebrada por defensores de la legalización, reaviva el debate sobre las políticas de drogas en España.

El reciente cambio en la aplicación de la normativa antidrogas en España ha generado sorpresa y debate. Una instrucción del Ministerio del Interior dispone que la Policía y la Guardia Civil ya no multarán a quienes consuman o posean drogas dentro de un vehículo privado estacionado, al considerarlo parte del ámbito de privacidad personal. Esto supone decir adiós a las multas por consumir drogas en el coche en estas circunstancias, corrigiendo una ambigüedad legal existente desde 2015. ¿Qué ha motivado esta decisión y qué implicaciones tiene? A continuación, analizamos el alcance de la medida y su contexto social, legal y cultural, desde una perspectiva que aboga por la legalización de las drogas.

Un coche aparcado, ¿espacio privado? – La nueva norma de Interior

Con la llamada Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (conocida peyorativamente como Ley Mordaza), quedó establecido como infracción grave el consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos, incluidas vías públicas y transportes colectivos. Esta redacción poco clara dejó a criterio de los agentes considerar si un coche particular estacionado era un “lugar público” sancionable. En la práctica, hasta ahora cuando la policía encontraba a alguien consumiendo en un coche parado, podía intervenir la sustancia y proponer una multa administrativa (habitualmente de 600 euros de sanción) a la Delegación de Gobierno. Sin embargo, distintos juzgados y sentencias del Tribunal Supremo comenzaron a perfilar un criterio: aunque un vehículo privado no es equiparable a un domicilio, sí constituye un espacio privado con cierto grado de intimidad.

Atendiendo a esta jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, el Ministerio del Interior –dirigido por Fernando Grande-Marlaska– decidió unificar criterios. La Secretaría de Estado de Seguridad envió en mayo de 2025 una instrucción interna que aclara expresamente que consumir o poseer drogas en el interior de un vehículo particular estacionado no constituye infracción administrativa alguna bajo la Ley de Seguridad Ciudadana. En otras palabras, un coche aparcado pasa a considerarse parte de la esfera privada del ciudadano a estos efectos, quedando libre de sanción el consumo personal dentro de él. Solo se exceptúa la situación en que haya indicios de tráfico de drogas (venta) o que el vehículo no esté realmente estacionado. “Cuestión distinta es que se trate de vehículos en tránsito”, advierte la instrucción, pues en ese caso sí podría constituir un delito contra la salud pública o contra la seguridad vial. Es decir, conducir bajo los efectos de las drogas sigue siendo totalmente ilegal, al igual que transportar sustancias ilícitas con fines de distribución.

Esta aclaración era necesaria dado el vacío que la ley dejaba. De hecho, no todas las Delegaciones del Gobierno estaban multando estos casos de igual forma y muchos sancionados ganaban sus recursos en tribunal. Ahora, con un criterio uniforme, se evita la arbitrariedad. Interior enmarca la decisión en el “cumplimiento de la ley” según la interpretación de los altos tribunales, subrayando que el texto original solo mencionaba explícitamente a los “transportes colectivos” como espacios sancionables. El coche privado quedaba en un limbo legal que finalmente se ha resuelto a favor de la privacidad del individuo.

Reacciones: entre la “irresponsabilidad” y la defensa de la privacidad

La nueva instrucción no ha estado exenta de polémica. Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles expresaron un “enérgico rechazo”, calificándola de “irresponsabilidad” por parte del Ministerio del Interior. Argumentan que permitir el consumo de drogas en coches estacionados generará problemas de convivencia vecinal e incrementará el riesgo de conducción bajo influjo de estas sustancias, dando una “sensación de impunidad” a los consumidores. Temen, además, que se debilite la labor preventiva y la autoridad de los agentes, que hasta ahora podían al menos sancionar estas conductas antes de que derivaran en algo peor. Desde el Sindicato Unificado de Policía han pedido retirar la instrucción por considerarla “inconcebible” y porque supuestamente “neutraliza la labor preventiva” de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, muchos expertos y ciudadanos defensores de las libertades civiles han aplaudido la medida por alinearse con el respeto a la intimidad personal. Sostienen que un adulto dentro de su coche, sin poner en peligro a nadie, no debería ser tratado como delincuente por consumir una sustancia. Equiparan este caso a lo que ocurre puertas adentro de un domicilio: en España el consumo privado de drogas no es delito desde hace décadas, y la tenencia para uso personal está despenalizada en el ámbito privado. Penalizarlo solo por ocurrir en vía pública (aunque sea dentro de un vehículo) era visto por muchos como un exceso punitivo. “Mi coche es una extensión de mi casa”, podrían argumentar quienes defienden esta postura, “mientras no conduzca ni trafique, no hago daño a nadie”. De hecho, el Tribunal Constitucional ya había sentado doctrina afirmando que los vehículos tienen “estrecha relación con la privacidad” de sus dueños.

Organizaciones pro-reforma de la ley de drogas señalan que esta instrucción simplemente reconoce la realidad: castigar al consumidor no mejora la seguridad ciudadana, sino que puede incluso ser contraproducente. Si la preocupación es que alguien se drogue y luego conduzca, el enfoque debe estar en evitar la conducción bajo efecto de drogas (mediante controles efectivos, educación y sanciones al que sí conduce drogado), no en sancionar indiscriminadamente a cualquier persona que consuma en un lugar estacionado. Además, se recuerda que los agentes siguen pudiendo actuar si se produce alguna otra infracción: por ejemplo, disturbios, conducción temeraria al arrancar el coche, o si detectan posesión de grandes cantidades indicativas de tráfico. Lo que se elimina es únicamente la multa automática por consumo en sí mismo en un contexto privado.

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La reacción política también refleja posturas conocidas. Mientras sectores conservadores alertan del riesgo de “normalizar las drogas”, voces progresistas han reiterado que la respuesta represiva al consumo personal ha fracasado. Cabe señalar que el Gobierno actual llevaba tiempo intentando reformar la Ley Mordaza –incluyendo este artículo de las drogas– por considerarla desproporcionada, aunque dicha reforma esté atascada en el Congreso desde hace años. Ante el bloqueo legislativo, Interior optó por esta vía interpretativa para garantizar derechos, lo cual algunos interpretan como un pequeño avance hacia políticas de drogas más sensatas.

Implicaciones sociales y culturales: del estigma a la normalización

La decisión de tratar el consumo en coches aparcados como un asunto privado tiene implicaciones que van más allá de lo jurídico. En el plano social y cultural, podría señalar un paso más en la lenta desestigmatización del consumo de ciertas drogas, especialmente el cannabis, en la sociedad española. Durante décadas, la imagen del consumidor de drogas ha oscilado entre la criminalización y la patologización; ser pillado consumiendo en público equivalía a un escarnio social además de legal. Ahora, al reconocerse que hacerlo en un espacio semi-privado no debe ser objeto de sanción, se envía un mensaje tácito: la mera conducta de consumir, por sí sola y sin generar perjuicio a terceros, no amerita la intervención punitiva del Estado.

Esto podría contribuir a normalizar prácticas que ya eran relativamente comunes. No son pocos los jóvenes –y no tan jóvenes– que se reúnen en un coche estacionado para fumar cannabis, buscando un lugar íntimo fuera de casa. Hasta ahora lo hacían con el riesgo latente de multa si aparecía la policía; en adelante, esa preocupación desaparece (siempre que se trate de cantidades para consumo personal). Es posible que veamos menos conflictos entre jóvenes y policías por esta causa, evitando situaciones tensas que a veces escalaban sin necesidad. También puede mejorar la percepción ciudadana de las fuerzas de seguridad, al dejar de verlas como perseguidoras de simples consumidores y centrarse en tareas más importantes.

Por otro lado, algunos temen que esta permisividad “anime” a consumir más en la vía pública, con la consiguiente molestia para vecinos si prolifera el consumo en coches estacionados en la calle. ¿Se convertirá el coche en una especie de “espacio de botellón” para las drogas? Es una duda razonable, pero habrá que observar. Probablemente, quienes antes consumían en coches lo seguirán haciendo (con menos temor), y quienes prefieren otros entornos no van a cambiar sus hábitos de la noche a la mañana solo porque ya no haya multa. La mayoría de usuarios de drogas buscan entornos discretos; en ese sentido, el coche sirve precisamente para no hacer exhibición pública de la conducta. Si surgieran problemas de ruido, suciedad u otros asociados a reuniones en vehículos, las autoridades pueden intervenir por esas causas (ordenanzas por ruidos, por ejemplo), igual que lo hacen con el botellón de alcohol en la calle. Pero castigar el consumo en sí mismo era mezclar lo moral con lo legal, algo propio de políticas pasadas.

Culturalmente, España lleva tiempo envuelta en un dilema: por un lado, es una sociedad con altas tasas de consumo de cannabis y cocaína en Europa, relativamente tolerante en lo privado; por otro lado, mantiene leyes punitivas heredadas de la “guerra contra las drogas”. Este cambio refuerza la idea de que el consumo personal es ante todo un asunto de salud individual y libertad personal, no un problema de orden público salvo que genere otros daños. Es un paso pequeño, pero simbólico, hacia la aceptación de que convivir con las drogas de forma regulada puede ser más sensato que intentar erradicarlas con multas y sanciones.

Cabe destacar también la curiosa comparación que ha surgido: ¿es entonces legal consumir drogas en el coche pero no tener sexo? Efectivamente, como han apuntado algunos medios, mantener relaciones sexuales en un vehículo estacionado sigue considerado delito de exhibicionismo si ocurre a la vista de terceros, según el Código Penal. La distinción tiene que ver con el impacto en terceros: el sexo visible puede ofender la sensibilidad pública, mientras que alguien consumiendo drogas dentro de un coche afecta más bien solo a sí mismo. Aun así, la coincidencia de criterios (droga sí, sexo no) ha alimentado debates sobre la coherencia de las normas sociales. En todo caso, beber alcohol en un coche aparcado sí está tan permitido como consumir drogas bajo esta nueva instrucción – siempre, claro está, que uno no se ponga luego al volante ebrio, lo que sí sería sancionado si se demuestra.

El de la foto no sabe que hay que picar los cogollos para poder liarse un porro.

Hacia la legalización: una oportunidad para el debate público

Más allá de la polémica inmediata, esta coyuntura ofrece la ocasión de ampliar el debate hacia la legalización de las drogas en España. Si aceptamos que un adulto puede consumir drogas en privado sin ser multado, la pregunta inevitable es: ¿Por qué no regular de manera integral esas sustancias en lugar de mantener su ilícito tráfico? Los argumentos a favor de una política de legalización o al menos regulación estatal de las drogas son variados y ganan fuerza a la luz de experiencias internacionales y consideraciones de salud pública:

  • Enfoque de salud pública: La criminalización del consumidor no ha logrado ni disminuir significativamente el consumo ni evitar sus daños. Por el contrario, tratar el consumo como un asunto de salud permite implementar estrategias de reducción de daños y prevención más eficaces. Un ejemplo ilustrativo es Portugal, país que en 2001 despenalizó la posesión y consumo de todas las drogas para uso personal. Lejos del caos vaticinado por algunos, Portugal vio “descensos drásticos en las infecciones de VIH y Hepatitis C, así como una reducción de las tasas de encarcelamiento relacionadas con las drogas, sin aumentos sustanciales en el consumo”. En lugar de perseguir a los usuarios, se les ofrece tratamiento médico y apoyo, con resultados muy positivos en términos de salud pública. Esto sugiere que una política compasiva y sanitaria puede salvar vidas, reducir enfermedades y no dispara el número de consumidores.
  • Control estatal y reducción del crimen: La ilegalidad absoluta de las drogas entrega un mercado multimillonario a las mafias y redes criminales. Diversos estudios y expertos coinciden en que la prohibición beneficia principalmente al crimen organizado, que obtiene enormes ganancias libres de impuestos y controla la calidad a su antojo. En cambio, la legalización conllevaría que el Estado regule la producción, distribución y venta, recortando el poder de los traficantes. Un caso paradigmático es Uruguay, primer país del mundo en legalizar el cannabis recreativo (2013). En pocos años, gracias a un mercado regulado por el Estado, el comercio ilegal de marihuana se redujo a una quinta parte de lo que era antes –una caída del 80% entre 2014 y 2018– Un tercio de los usuarios de cannabis pasaron a obtenerlo por vías legales y controladas, restando clientes al narco. Esto demuestra que una regulación inteligente “le roba” al mercado negro buena parte de su negocio. Menos narcotráfico implica menos violencia asociada (ajustes de cuentas, armas en la calle) y menos delitos conexos. Además, el Estado puede recaudar impuestos de un mercado antes clandestino y destinarlos a prevención y rehabilitación.
  • Calidad, seguridad y educación: Unido al control estatal viene la capacidad de regular la calidad y pureza de las sustancias, algo imposible en el mercado ilegal. Muchas muertes y daños ocurren no solo por la droga en sí, sino por adulterantes tóxicos o dosis incontroladas. Con legalización, se pueden establecer estándares de producción, dosis adecuadas e información clara al consumidor, reduciendo riesgos de sobredosis y envenenamientos. Por ejemplo, cuando las drogas son ilícitas, “el gobierno no puede establecer normas de calidad, pureza o potencia”, lo que deriva en sustancias contaminadas o ultra-potentes que causan estragos. Asimismo, la prohibición dificulta hasta medidas sencillas de salud, como programas de intercambio de jeringuillas limpias, lo que ha contribuido a epidemias de VIH entre usuarios de drogas inyectables en distintos países. Un marco legal permitiría acompañar la venta con campañas educativas sobre el uso responsable, similar a las advertencias sanitarias en el tabaco o las campañas de “si bebes, no conduzcas” para el alcohol. La sociedad puede así optar por informar y cuidar, en lugar de castigar a ciegas.
  • Libertad individual y coherencia legal: En una sociedad democrática, cabe preguntarse hasta qué punto debe el Estado decirle a un adulto qué puede o no consumir en su ámbito privado. La libertad individual implica permitir que las personas tomen sus propias decisiones mientras no perjudiquen a otros. Hoy día resulta incoherente que sustancias legales como el alcohol o el tabaco –ambas con probados daños a la salud y costes sociales– se consuman libremente bajo regulación, mientras que otras sustancias quizás no más nocivas permanecen prohibidas. Muchos defensores de la legalización abogan por equiparar las drogas a un régimen similar al del alcohol: no promover su uso, pero sí regularlo, gravarlo fiscalmente, controlar la venta a menores y atender las adicciones como un asunto médico. Prohibir por completo algo que tanta gente continúa consumiendo de todas formas solo ha llevado a hipocresías y agravios comparativos. El respeto a las libertades individuales debe ir acompañado, por supuesto, de responsabilidad: la legalización no significa barra libre sin control, significa un marco donde el Estado puede vigilar y sancionar únicamente las conductas verdaderamente dañinas (como conducir intoxicado, vender a niños o inducir adicciones), dejando en paz al usuario adulto responsable.
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En vista de estos argumentos, la instrucción de no multar el consumo en coches estacionados se percibe como un síntoma de un cambio de paradigma. Se reconoce, implícitamente, que seguir librando la “guerra a las drogas” en escenarios tan inocuos como un coche aparcado carece de sentido. En lugar de ello, la atención debería dirigirse a políticas más amplias y efectivas. ¿Está España lista para dar el salto hacia la legalización regulada de ciertas drogas? Aún existe resistencia y miedo en parte de la opinión pública, alimentados por décadas de discursos prohibitivos. Pero el contexto global ha cambiado: países de nuestro entorno experimentan con la regulación del cannabis, América Latina debate nuevas estrategias, organismos internacionales hablan ya de “reducción de daños” más que de eliminación total del consumo.

La medida actual, limitada pero importante, ofrece una oportunidad pedagógica. Es un momento para que la sociedad en general reflexione sobre qué gana y qué pierde manteniendo las drogas en la clandestinidad. Por lo pronto, celebramos este pequeño avance hacia una política de drogas más humana y racional, donde la privacidad y la salud primen sobre la punición. Garantizar que un ciudadano no será multado por consumir en su coche estacionado es, en el fondo, reconocer su dignidad y autonomía. Queda mucho camino por recorrer, sin duda. Pero abrir el debate sobre la legalización de las drogas aprovechando esta coyuntura es un paso en la dirección correcta para España: una dirección que privilegie la sensatez, la evidencia científica y el respeto a las libertades individuales por encima de los viejos dogmas.

Acerca del autor

The Swami

Amante del cannabis y especializado en el mundo de las sustancias psicoactivas. Escritor y psiconauta.

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