Fernando Caudevilla es un médico conocido por su labor de divulgación sobre drogas en diferentes medios y plataformas digitales.

Aunque en estos momentos trabaja a medio caballo como Médico de Familia en Atención Primaria y su consulta privada, no se puede decir que su trayectoria haya sido precisamente monótona o aburrida. Hace un año, de hecho, se publicó un libro sobre su vida, donde se documentaba su experiencia como médico de la dark web. En concreto, en Silk Road, una de las primeras tentativas de comercio de drogas ilegales online. Doctor X, como se le conocía en ese espacio, se dedicaba a informar a los usuarios sobre los riesgos y los efectos del consumo. 

Esta vez, su carácter mediático tiene que ver con una queja que ha presentado ante el Ministerio del Interior denunciando un patrón sistemático de identificaciones y registros que considera arbitrarios por parte de la Policía Nacional en Madrid. Entre agosto de 2024 y marzo de 2025, según cuenta en una conversación con Público, ha sido inspeccionado en la vía pública en al menos diez ocasiones, la mayoría en un radio de 300 metros de su domicilio, ubicado en el céntrico barrio de Lavapiés. Antes de plantearse denunciar formalmente, la queja  fue registrada el pasado 19 de junio a través de un canal donde se puede reclamar por tardanza, desatención o cualquier otro tipo de actuación irregular en el funcionamiento de las dependencias administrativas. En ella describe una serie de las actuaciones que, a su juicio, presentan un patrón de reiteración e intrusividad, «incompatible con los principios básicos de cualquier Estado de Derecho».

En uno de los primeros episodios, en agosto de 2024, fue interceptado por tres agentes de paisano frente a un estanco en la calle Argumosa. El motivo, «observar la colección de pipas de cristal en el escaparate». «Uno me explicó que esas pipas se usan para usar metanfetamina y por lo visto eso es un motivo suficiente para registrarnos de forma exhaustiva en la calle», relata en conversación con este medio.

«Dos días después», en la esquina de las calles Puebla y Barco, recuerda que los mismos agentes lo interceptaron nuevamente, justificando su acción con que tenía «cara de fumar tina». Uno de ellos le ordenó, según su relato: «Venga, a la pared. A ver si esta vez hay más suerte». El trato fue «particularmente desagradable» y el registro, «exhaustivo»: «Los dos agentes tenían estética y modales de Torrente», compara Caudevilla.

Dos registros en menos de 30 minutos

En noviembre, Caudevilla confiesa que fue interceptado dos veces en el lapso de menos de media hora. Primero, en la calle Tribulete, agentes de paisano le pidieron la documentación porque «tenía pinta de estar nervioso». Al inspeccionar su mochila encontraron un fonendoscopio, lo que, según expresa, dio pie a que se disculparan con él tras identificar que era médico: «Me dieron las gracias y piden disculpas por única vez en esta historia», señala.

Apenas 25 minutos más tarde, en la calle Fe, recuerda que fue interceptado por una patrulla uniformada: «Respondí de muy malos modos porque que me tenían cansado y les dije que dos agentes de paisanos me acababan de registrar dos calles atrás». Esta vez, los agentes fueron corteses. Aun así, llegó tarde a su consulta privada, donde se dirigía.

El tono «aleatorio» de la violencia institucional

A principios de diciembre de 2024, en la esquina de Embajadores con Huerta del Bayo, Caudevilla fue sometido a otro registro, esta vez tan minucioso que incluyó revisar «los bajos de mis pantalones, las suelas de mis zapatillas e incluso un fugaz vistazo a lo que se esconde bajo mi ropa interior». En uno de los bolsillos de una cazadora «que llevaba meses sin usar», encontraron «una pequeña bolsa de plástico con un pequeño resto» de una sustancia que consideraron sospechosa. «¿Ustedes se creen que este es el problema más grave de salud pública que hay en Lavapiés?», recuerda que les preguntó Caudevilla. A lo que los agentes le respondieron que «a lo mejor» no le llegaba «ni la multa».

Ese mismo mes, en otra ocasión mientras caminaba por la calle Mesón de Paredes, Caudevilla se cruzó con un hombre que, dice, lo miró fijamente. «Pensé que estaba ligando conmigo», explica. El hombre resultó ser un policía de paisano, que al parecer lo «acusó de ocultar lo que fumaba». Caudevilla explicó que se trataba de «un vapeador de nicotina con sabor a fresa». Rechazó entrar en un portal para ser registrado y ofreció incluso desnudarse en plena calle si era necesario.

Le volvió a ocurrir frente al local de la UNED en la calle Provisiones, donde fue interceptado por dos agentes jóvenes que justificaron el registro porque «tenía los ojos brillantes». El médico les explicó que probablemente fuera por el cansancio tras viajar desde Barcelona. Los agentes revisaron su mochila. Uno de ellos incluso le recordó: «La última vez que te paramos, te enfadaste con nosotros».

Días después, en el parque del Casino de la Reina, el motivo de la inspección fue «darme la vuelta al ver a los agentes». Caudevilla explica que respondió que «no los había visto» porque «estaba atento al móvil cazando Pokémon». Tras una revisión en la que nuevamente el fonendoscopio suavizó el trato, los agentes conversaron con él sobre los supuestos criterios policiales que justificaban esos registros constantes, sin aclararle gran cosa.

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Ya en enero de 2025, en el Mercado de San Fernando, cuatro agentes de paisano lo saludaron desde la acera opuesta: «¡Eeeh… médico! Buenos días». Reconoció a dos de ellos de intervenciones anteriores, uno incluso estaba registrando a un joven. Aunque no procedieron a identificarle ni a registrarle, a su juicio el episodio refleja el tono casi burlesco con que estas intervenciones se han normalizado.

En el último episodio que recuerda, en ya en marzo 2025, tras sacar dinero de un cajero en la calle Duque de Alba, fue abordado por dos mujeres y un hombre de paisano. «¿Llevas algo?», preguntaron. Al pedir precisiones, le interrogaron por «tina, G, mefe»: «No, a mí me paráis porque tengo pinta de maricón», respondió. Una de las agentes, según su testimonio, «por unos segundos perdió su semblante robótico, como si reconociera que efectivamente esa era la única explicación a ese registro».

Caudevilla explica que en nueve de las diez ocasiones, las intervenciones fueron realizadas por agentes sin uniforme: «Esto añade un elemento de confusión e inseguridad», denuncia, y subraya que el uso del uniforme «protege al ciudadano frente a abusos e incrementa la rendición de cuentas». Señala también que la presencia de objetos relacionados con su profesión, como una bata blanca, suele «relajar la actitud de los agentes»: «Resulta preocupante que mi profesión médica pueda condicionar la percepción de ‘sospecha’, como si existiera una categoría implícita de ciudadanos más o menos ‘intervenibles'», afirma.

En su queja, solicita, por todo lo anterior, que se investiguen las prácticas descritas, se analice el uso sistemático de controles callejeros basados en el perfil estético o social, y se garantice la adecuación de estas actuaciones a la legalidad vigente, respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. «Seleccionar ciudadanos por su estética, inferir su orientación sexual e intentar multarles no parece digno de un Estado Democrático«, lamenta Caudevilla. Y añade que «estas prácticas degradan la confianza pública en las instituciones y trivializan el uso del poder sancionador».

«Violencia institucional implícita en la repetición del patrón»

Su caso pone sobre la mesa una cuestión que va más allá de lo que pueda haber sido su experiencia personal. Tiene que ver con la necesidad de revisar las herramientas y prácticas policiales para asegurar que, en nombre de la seguridad ciudadana, no se atropellen los derechos fundamentales de quienes caminan por la calle con una cazadora de cuero, una mochila o, simplemente, un color de pelo que alguien considera en algún momento «sospechoso».

Con la excepción de un par de episodios descritos, donde los agentes mantuvieron una actitud intimidatoria y chulesca, el trato que cuenta haber recibido Caudevilla ha sido mayoritariamente correcto en la forma. «Algunos agentes incluso han mostrado comprensión al comentar que el principal problema de seguridad ciudadana en Lavapiés probablemente no se encuentra dentro de mi cartera», detalla. Sin embargo, advierte, «estas expresiones no neutralizan la violencia institucional implícita en la repetición del patrón». En todo caso, insiste en que su queja, en definitiva, «no se dirige contra los agentes de la Policía Nacional», que entiende que «cumplen las órdenes recibidas. Es posible que alguien, con la mejor de las intenciones pero escasa base técnica, haya considerado a golpe de multas de la Ley Mordaza van a resolver el fenómeno del chemsex». 

El asunto de los registros, redadas y abusos policiales bajo el pretexto de la guerra contra las drogas y el chemsex (práctica consiste en mantener relaciones sexuales en un ambiente de consumo de sustancias psicoactivas), en el caso de la comunidad LGTBIQ+ y otras disidencias, es algo que el Movimiento Marika de Madrid lleva años monitorizando. El pasado mes de febrero la organización lo volvió a denunciar en una publicación en sus redes sociales. Asimismo, este medio se hizo eco ese mismo mes de tres testimonios anonimizados que habían sufrido contextos similares, así como de una respuesta procedente del Ministerio del Interior donde se constataba que el gabinete de Fernando Grande-Marlaska estaba al tanto de la situación. Desde Interior se respondió a otra queja emitida por parte de un ciudadano donde documentaba redadas y hostigamiento a contextos de ocio de personas LGTBIQ+ remitiendo a denunciar ante las autoridades competentes. Es decir, zanjó el dilema animando a denunciar ante la policía los problemas que están ocurriendo con la propia policía.

Público se ha puesto en contacto de nuevo con el Ministerio del Interior tras haber tenido acceso a la queja de Caudevilla para preguntar si el departamento ha emprendido alguna actuación en respuesta a la misma y si existe algún expediente abierto de revisión o investigación interna sobre los hechos descritos. Sin embargo, fuentes del Ministerio señalan que no han podido comprobar aún si se ha recibido la queja. El departamento subraya, en todo caso, que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan «con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico, e investigan las denuncias que reciben».   

Fuente Publico.es

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