Tres jóvenes fueron sentenciados a 30 años de cárcel

Una inédita condena a 30 años de cárcel para tres jóvenes tunecinos por posesión y consumo de cannabis ha desatado la fuerte polémica en el país y abierto un insólito canal de entendimiento entre la sociedad civil y la clase política, que por un instante han aparcado la crispación que domina el país para defender la enmienda de la ley de estupefacientes.

Una corte de apelación se pronunciará este martes sobre la sentencia, emitida el 20 de enero por un tribunal de la provincia del Kef, 200 kilómetros al oeste de la capital, que condenó a los jóvenes a la pena máxima por haber consumido “zatla” (cannabis en dialecto tunecino) en un establecimiento deportivo, considerado un espacio público y, por tanto, un agravante.

En declaraciones a Efe, sus familias defienden, sin embargo, que el grupo de amigos se encontraba en el interior de los vestuarios a la espera de que uno de ellos, empleado en el campo de fútbol municipal, terminara su jornada laboral para ir a fumar a otro lugar.

“¿Cómo se puede condenar a 30 años de prisión por un porro que no llegó a fumar?”, se pregunta todavía Sarah Laabidi, madre de Sahem, el más joven de los detenidos, de 28 años.

“Ir al café, el cannabis o el alcohol son su única distracción y son fáciles de encontrar. Lo único que pido es que le den un trabajo o volverá a recaer. Cada mes va a la oficina de empleo pero la respuesta es siempre negativa. No es una sentencia, es una destrucción. Han destrozado a tres familias”, relata entre lágrimas Sarah, empleada de la limpieza.

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Paro y pobreza

Su hermano Houssem, carpintero de profesión, también apunta al desempleo y la falta de ocio, pero pide que el castigo sea para los que negocian con la desesperación.

“Una sentencia así debería ser para los traficantes no para el consumidor que necesita esta sustancia para olvidar sus problemas”, insiste.

Los cerca de 73.000 habitantes de esta pequeña localidad del noroeste del país, limítrofe con Argelia, viven principalmente de la agricultura y la ganadería, y sus paisajes bucólicos desentonan con la precaria situación social.

Según el “Mapa de la pobreza”, realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Mundial, se trata de la segunda región más pobre de Túnez, con una de las tasas más altas de abandono escolar.

Una ley de otra época

La controvertida “Ley 52” castiga por igual drogas duras y blandas con hasta cinco años de cárcel y 960 euros de multa, y representa el 20 % de las encarcelaciones en el país, según la ONG Abogados Sin Fronteras.

“Nunca había visto un fallo tan excesivo, da mala imagen del país pero ha abierto un profundo debate en la sociedad. La jueza se ha contentado con aplicar la ley que existe pero hay que reformarla”, explica a Efe Molka Bouderbala, una de los treinta letrados del comité de defensa que ha tomado el caso pro bono.

Esta ley, recuerda Bouderbala, fue aprobada en la década de los 90 cuando el hermano del exdictador, Zine El Abidine Ben Ali, se vio implicado en el escándalo del “Couscous Connection”, una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de dinero, y desde entonces se ha convertido en un instrumento de represión.

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Aunque en 2017 se introdujeron algunos atenuantes -como no poseer antecedentes-, sus opositores se quejan de que se trata a los sospechosos como “criminales”.

Legalizar el cannabis

Para el diputado Zied Ghanney, del partido socialdemócrata “Corriente Democrática”, uno de los pocos que piden públicamente su despenalización, existen dos factores: “un grupo de individuos que están enriqueciéndose, y la situación social que se degrada y que empuja a la gente a buscar un porro para respirar».

Su formación, que cuenta con 22 escaños de 217, prepara un ambicioso proyecto de ley que propone el seguimiento médico como alternativa a la prisión, e industrializar la producción y venta del cannabis por parte del Estado.

“Mi sueño es que el 30 % de los beneficios de este sector se destinen a ayudar a los jóvenes a salir de la droga pero también a ofrecerles mejores servicios, más infraestructuras, darles una razón para vivir”, explica a Efe.

El primer ministro, Hichem Mechichi, ha anunciado su intención de revisar este texto y los principales grupos parlamentarios preparan en paralelo diferentes propuestas, a excepción del islamista Ennahda, que todavía no se ha pronunciado.

Desde que se hizo pública la sentencia, la legalización de la marihuana se ha unido a las demandas de la lucha contra la violencia policial y la mejora de las condiciones de vida que en las últimas semanas han llevado a la calle a miles de personas en todo el país.

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