La Asamblea General de la ONU abrió el martes una sesión especial sobre el problema de las drogas, con la aprobación de un documento que busca establecer un nuevo enfoque sanitario compartido por varios países de América Latina tras más de 40 años de una guerra sin resultados.

Pese a los avances, muchos Estados miembro, como Brasil o Costa Rica, manifestaron su decepción por la ausencia de una moratoria a la pena de muerte, y otros como Uruguay y Jamaica criticaron que no se haya incluido algún tipo de mención para la despenalización de la tenencia de ciertas sustancias.

Organizada en Nueva York por iniciativa de Colombia, México y Guatemala, la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016) se extenderá hasta el jueves, con decenas de eventos al margen y la presencia anunciada de mandatarios y ministros.

América Latina es uno de los impulsores de un enfoque multidisciplinario centrado en la salud pública, tras constatar que la denominada «guerra contra las drogas» lanzada 40 años atrás desde Estados Unidos, mayor consumidor mundial de cocaína, no ha dado los resultados prometidos y ha tenido un alto costo en vidas humanas.

Entre los mandatarios participantes en la primera jornada estuvo el mexicano Enrique Peña Nieto, quien aseguró que las respuestas brindadas hasta el momento «fueron francamente insuficientes» y pidió avanzar en «un nuevo entendimiento internacional».

«El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que inició en los años 70, no han logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo», dijo el presidente mexicano.

«Como presidente de México, en esta sesión especial doy voz a quienes ahí expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo, para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos», agregó.

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De su lado, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sostuvo que las políticas para luchar contra las drogas «deben tener congruencia con la declaración de los derechos humanos» y poner «a las personas y no a las sustancias en el centro».

Un modelo «más humano»

En la apertura de los debates, el plenario aprobó por aclamación el documento «Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas», que incluye una serie de recomendaciones fruto de dos años de negociaciones entre los Estados miembro.

«El problema mundial de las drogas sigue siendo una responsabilidad común y compartida que ha de afrontarse en un entorno multilateral mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva y que exige un enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado, amplio y basado en datos científicos», admiten los mandatarios en ese texto.

Las recomendaciones hacen referencia a la prevención, pero también al «tratamiento, rehabilitación, recuperación y reinserción social», y la «disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización y el acceso a ellas con fines exclusivamente médicos y científicos».

Otro mandatario latinoamericano que hablará en el plenario será el colombiano Juan Manuel Santos, quien tiene previsto presentar un nuevo modelo «más efectivo, duradero y humano» para enfrentar el problema de las drogas.

«No estoy proponiendo la legalización. Estoy proponiendo que cambiemos de enfoque, de prioridades. Porque llevamos más de 40 años en esta guerra contra las drogas y no la hemos ganado», declaró Santos en una entrevista con la AFP en Bogotá en víspera de la apertura del encuentro.

El gobierno colombiano destacó varios avances en el documento aprobado, entre ellos el reconocimiento de la «autonomía de los Estados para implementar con mayor flexibilidad las convenciones de drogas», la inclusión de los «derechos humanos», y la admisión que «la dependencia es un problema de salud pública».

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Diferentes países de América Latina han lanzado programas innovadores, entre los que resalta el de Uruguay, donde por iniciativa del entonces presidente José Mujica se aprobó en 2013 una ley que autoriza y regula la producción del cannabis, y habilita al Estado a otorgar licencias de producción de marihuana, ya sea para uso medicinal como recreativo.

La agenda de debates en el hemiciclo de Naciones Unidas en su primera jornada abarcó la reducción de la demanda, prevención y tratamiento y el abastecimiento de sustancias controladas para fines científicos y médicos.

El miércoles y jueves se discutirán cuestiones como la respuesta a los crímenes vinculados con las drogas y el lavado de dinero, la promoción de cooperación judicial, la cooperación regional y cuestiones socioeconómicas.

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