Los expertos piden más precisión a las autoridades para evitar confusiones y subterfugios en el ‘mercado negro’

Los expertos piden más precisión a las autoridades para evitar confusiones y subterfugios en el ‘mercado negro’

Con la aprobación esta semana del cultivo y la exportación de cannabis, Ruanda se convierte así en el último país africano en acceder a un mercado mundial de casi 75.000 millones de dólares anuales que podría suponer un cimiento de futuro para su economía, a pesar de que el consumo en el país todavía es ilegal y la nueva normativa, según sus críticos, está pendiente de aclaración.

El Gobierno ruandés, por boca de su ministro de Sanidad, Daniel Ngamije, ha reiterado esta semana que la nueva normativa no cambia en nada el reglamento interno contra el consumo de cannabis. “Esto no será una excusa para los consumidores y traficantes de drogas. La ley contra los estupefacientes sigue en pie y seguirá aplicándose”, explicó el pasado martes delante de las cámaras de la televisión estatal Rwanda Broadcasting Agency.

La directriz aprobada el día anterior por el Consejo de Ministros presidido por el mandatario del país africano, Paul Kagame, refleja el cuidado con el que el Gobierno ruandés ha manejado este tema. El anuncio citaba simplemente la aprobación de un “cultivo terapéutico de alto valor”, sin mencionar el cannabis por nombre.

Así, el consumo de narcóticos seguirá penalizado en el país con una pena de cárcel de dos años, mientras que los traficantes de drogas se enfrentarán a una condena de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua, así como a una multa de hasta 30.000 dólares. De hecho, un día antes de la aprobación, tres mujeres en el distrito de Rubavu fueron arrestadas precisamente por este delito después de que fueran atrapadas con 1.800 bolitas de cannabis.

TÉRMINOS CONTRADICTORIOS

Analistas consultados por el diario ‘The East African’ coinciden en que la nueva ley induce a la confusión y será necesaria una enmienda adicional del Código Penal del país, por no mencionar la creación de políticas adicionales para sensibilizar a la población.

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Por ejemplo, la ley estipula la autorización de producción, distribución y uso de estupefacientes, pero solo si su uso se limita únicamente a fines médicos y de investigación. Sin embargo, también estipula que toda empresa privada o pública autorizada seleccionada solo puede retener las cantidades de estupefacientes que sean necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.

Los expertos consideran que estos dos elementos son contradictorios. “Básicamente, el Gobierno está autorizando la producción de drogas ilegales”, explica el abogado constitucionalista Louis Gitinywa. “El Código Penal debería haber sido enmendado antes de que el Gobierno tomara esta decisión para permitir la producción masiva de cannabis para la exportación”, añade.

El abogado recomienda además la creación de “algún tipo de marco legal para respaldar esta decisión y para explicar a los ciudadanos cómo funcionará”.

IMPULSO ECONÓMICO

A pesar de estos titubeos, el Gobierno ruandés percibe a la industria del cannabis como un sector estratégico que generará empleos y creará negocios para las comunidades a través de zonas de cultivo, producción y procesamiento.

“No creo que sea una mala jugada, ya que se trata de satisfacer las necesidades de atención médica. Ya hay muchos países que han usado cannabis con fines medicinales”, explica por su parte la investigadora ruandesa Aloysie Manishimwe a ‘The New Times’.

El cannabis tiene varias aplicaciones médicas y la evidencia muestra que se puede usar para fabricar medicamentos como Sativex, que viene en forma de aerosol nasal u oral, y ha sido aprobado en muchos países para tratar los síncopes. También se usa para crear el Dronabinol, otro fármaco que se usa para tratar las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia, así como la pérdida de peso en personas con sida.

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Eso sí, la investigadora matiza que el Gobierno debe ejercer una fuere supervisión sobre los inversores a los que se adjudiquen las licitaciones dada la compleja normativa farmacéutica, tanto doméstica como internacional, que podría derivar en la aparición de mercados alternativos de contrabando, de ahí que la Junta de Desarrollo de Ruanda, responsable de concretar la normativa, haya destacado que la ley establece “estrictas medidas de seguridad diseñadas para evitar el desvío o el uso ilícito del producto”.

Sin embargo, la oportunidad para Ruanda es innegable, visto el desarrollo de esta propuesta en otros países del continente. Según un informe de la ONU recogido por ‘The New Times’, África produce cada año más de 10.000 toneladas de cannabis por valor de miles de millones de dólares que entran en un mercado global de frenética actividad.

Antes que Ruanda, Malaui legalizó este año el cultivo, la venta y la exportación de cannabis, para sumarse a países como Zambia, Lesoto, Sudáfrica, Zimbabue, Marruecos, Swazilandia y Ghana, participantes en un mercado legal que alcanzará, en 2027, los 73.600 millones de dólares, según un informe de Grand View Research, y que se expandirá en torno al 19 anual durante la próxima década, conforme otros países del mundo vayan introduciendo iniciativas para su legalización.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.