Cosméticos y complementos con sello sanitario, cosecha en expansión y primeras exportaciones a Australia y Chequia consolidan el giro regulatorio del vecino del sur

Hay decisiones que, más que titulares, son termómetros. Miden la temperatura de una sociedad, su disposición a abandonar la hipocresía y abrazar las evidencias. La autorización en Marruecos de 67 productos derivados del cannabis —26 cosméticos y 41 complementos alimenticios— no es un gesto aislado, sino la confirmación de una estrategia de Estado: integrar una actividad histórica en la economía formal, canalizarla hacia usos sanitarios e industriales y ofrecer una alternativa legal y fiscalizada a miles de familias del Rif. La Agencia Marroquí del Medicamento y Productos Sanitarios (AMMPS) ha dado la luz verde que exige, como paso previo, la Dirección de Medicamentos y Farmacia (DMP), tanto para vender en el país como para exportar. No hablamos de humo: hablamos de licencias, registros y controles.

El dato que menos ruido hace, quizá el más importante, es el de la vigilancia. Hasta diciembre de 2024, las autoridades realizaron 2.202 operaciones de control: inspecciones de cultivo, importación de semillas, comercialización, exportación, transformación y, sobre todo, transporte. La fotografía es la de un sector emergente sometido a un sistema de garantías que pretende blindarlo frente al desvío ilícito: una cadena con eslabones identificables de principio a fin. La regulación, bien hecha, no es permisividad; es trazabilidad, estándares y responsabilidad.

En paralelo, el campo se mueve. La campaña agrícola de 2025 ha triplicado la superficie de la variedad autóctona Beldia hasta alcanzar 4.400 hectáreas. No es un salto al vacío: está anclado en la organización cooperativa y tiene nombres y apellidos geográficos —Taounate, Chefchauen y Alhucemas— donde 4.490 productores se agrupan en 250 cooperativas con permisos en regla. La ONSSA ha autorizado además 1.340 hectáreas con semillas importadas, involucrando a 1.650 agricultores integrados en 50 cooperativas específicas. El Estado no solo permite: ordena, asigna, certifica. Y crea tejido productivo.

El impulso administrativo acompasa el ritmo de la tierra. En 2025 se concedieron 3.800 nuevas licencias de cultivo y se renovaron 2.900; 210 licencias alcanzaron a distintos actores del sector, 161 de ellas a cooperativas, con 48 dedicadas a transformación industrial y médica. La cosecha de Beldia ya ha arrancado en unas 500 hectáreas y se prolongará hasta final de septiembre, mientras 100 hectáreas se han reservado a variedades importadas. La ecuación que dibuja todo esto es la de un país que convierte una tradición en economía formal, con reglas claras y horizonte exportador.

Ese horizonte ya no es promesa: es logística. Marruecos ha iniciado sus primeras exportaciones legales de cannabis medicinal e industrial con envíos a Australia y la República Checa. El movimiento sitúa al país en el mapa internacional de una industria que no espera: quien tarda, llega tarde. Y, por si alguien cree que todo empezó ayer, conviene recordar que ya en 2024 Marruecos había realizado una exportación inicial de resina con menos del 1% de THC a Suiza, un ensayo general que apuntaba la dirección de viaje. No es improvisación, es secuencia.

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Ahora bien, la realidad es compleja y exige mirar de frente. La economía ilegal no desaparece por decreto: hoy sigue siendo mayor que el circuito regulado. Según datos recientes, la superficie legal ronda las 5.800 hectáreas frente a más de 27.000 hectáreas del cultivo ilícito. Esta desproporción no invalida la apuesta regulatoria; la explica. El reto es estrechar la distancia ofreciendo precios justos, trámites razonables y plazos de pago dignos para no condenar a los agricultores a elegir entre la ley y la subsistencia. La legalidad solo desplaza al mercado negro cuando resulta más segura y, sobre todo, más rentable.

Desde España —primer puerto de entrada europeo del hachís marroquí durante décadas— la escena marroquí merece algo más que observación; merece aprendizaje. El vecino del sur está homologando su cadena de valor, blindando normas y abriendo puertas comerciales. Mientras tanto, nosotros seguimos de puntillas, atrapados en debates eternos que mezclan salud pública con moralina y política criminal con ruido electoral. La evidencia comparada es tozuda: la legalización regulada no multiplica el consumo problemático, pero sí reduce el poder del crimen organizado, mejora la calidad del producto, facilita la prevención y, además, recauda. Los países que se han movido en esa dirección no sueñan; gobiernan.

La clave ética es la dignidad. En el Rif, cientos de miles de personas han vivido durante generaciones de un cultivo criminalizado, asumiendo riesgos desproporcionados y con ingresos frecuentemente capturados por intermediarios sin escrúpulos. Regular no es “blanquear” un delito: es devolver ciudadanía a quienes no la tuvieron nunca completa, es reconocer que la prohibición absoluta ha fracasado y que la salud pública se protege mejor con control que con clandestinidad. El sello de la AMMPS en un cosmético con CBD o en un complemento alimenticio no es un capricho burocrático: es la garantía de que lo que se vende cumple estándares, de que el consumidor no compra a ciegas y de que el productor puede dormir sin mirar por el retrovisor.

El vector económico es igualmente nítido. La autorización de 67 productos no solo diversifica el catálogo; activa eslabones enteros de la cadena: laboratorios, envasadoras, logística, comercio exterior. Si a ello sumamos la investigación pública —con acuerdos entre la ANRAC y universidades marroquíes para estudiar la Beldia y sus aplicaciones médicas—, se dibuja un ecosistema que, con sus tropiezos, se profesionaliza. Entre la nostalgia del prohibicionismo y la realidad de un mercado global que ya existe, Marruecos ha elegido sentarse a la mesa. España y la Unión Europea deberían tomar nota: el futuro no se improvisa; se planifica.

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¿Qué implica todo esto para nuestra conversación pendiente sobre la legalización? Primero, asumir que el cannabis ya está aquí, con o sin nosotros. Segundo, ordenar su presencia con criterios de salud pública: límites de potencia, etiquetado, prohibición de la venta a menores, advertencias claras y campañas de prevención basadas en evidencia. Tercero, diseñar una transición que proteja a los agricultores y a las pymes frente a la concentración que puede imponer la gran industria. Regular también es decidir cómo se reparte el valor: si todo queda en manos de tres grandes, habremos fracasado. Y, cuarto, cooperar con Marruecos para trazar corredores legales y transparentes que sustituyan al viejo contrabando por comercio responsable.

Quien quiera ver en esta autorización marroquí un gesto cosmético se equivoca de escala. El país ha construido una arquitectura institucional —ANRAC, AMMPS, DMP, ONSSA— que teje reglas, controla eslabones y abre mercados. Falta camino, sí; los desequilibrios persisten y el mercado ilícito no se evaporará mañana. Pero el sentido de marcha es inequívoco: del monte a la etiqueta, de la clandestinidad a la norma, del estigma a la evidencia. La pregunta no es si España debe legalizar; es cómo y cuándo. Porque el reloj, para bien o para mal, ya está corriendo.

Acerca del autor

Manu Hunter
Escritor y periodista cannábico

Periodista cannábico con un estilo desenfadado pero siempre riguroso. Cuenta historias que prenden, informan y desmontan mitos, acercando la cultura cannábica al mundo con frescura y credibilidad. ¡Donde hay humo, hay una buena historia!

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