La isla tailandesa encalla en un limbo regulatorio mientras el debate sobre el cannabis revela una cuestión mayor: ¿orden o prohibición?

La parálisis regulatoria en Phuket respecto al cannabis está dejando de ser una anécdota administrativa para convertirse en un espejo de algo más profundo: la dificultad de muchos gobiernos para gestionar una realidad social que va por delante de sus leyes. La famosa isla tailandesa, un referente del turismo internacional, vive atrapada en un limbo donde la normativa avanza a paso de tortuga mientras la vida cotidiana se mueve con la velocidad de los mercados y las necesidades sociales. Y como suele ocurrir cuando falta el marco legal adecuado, lo que emerge no es el caos del cannabis, sino el caos de la indecisión política.

Porque no es el cannabis lo que genera desorden, sino la ausencia de reglas claras. Y hoy Phuket es un ejemplo de ese vacío.

La tan anunciada “zona de control del cannabis” sigue sin ver la luz, pese a reuniones, comités y declaraciones que se quedan siempre a un centímetro del compromiso real. No hay borradores, no hay plazos y, sobre todo, no hay una hoja de ruta que marque hacia dónde se dirige una regulación que nació, no lo olvidemos, con una intención progresista: despenalizar su uso y abrir la puerta a su potencial medicinal y económico.

Mientras tanto, la realidad sobre el terreno avanza con determinación. La Oficina de Salud Pública local confirma que ya operan 1.546 tiendas con licencia, una cifra que revela más que un boom comercial: habla de un sector económico con capacidad de crear empleo, dinamizar barrios y atraer a un nuevo perfil de turista. Pero también de una necesidad urgente de establecer orden, porque toda libertad mal regulada se convierte en un regalo para la confusión.

La legislación vigente —enmarcada en la Ley de Control y Promoción del Cannabis para la Medicina Tradicional Tailandesa— prohíbe fumar en locales o cerca de templos y escuelas. Una norma razonable que, sin embargo, sufre el mal endémico de tantas leyes sin respaldo operativo: se incumple con demasiada facilidad. Y ahí aparece el problema de fondo: no es el cannabis el que desafía a Phuket, sino la incoherencia de sus políticas.

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Turismo inquieto, política inmóvil

En medio de esta niebla normativa surge la voz del sector turístico, preocupado por una cuestión clave: la reputación. Thaneth Tantipiriyakit, presidente de la Asociación Turística de Phuket, alerta de que la isla corre el riesgo de verse encasillada como una “capital del cannabis”, una etiqueta que, según afirma, podría alejar al turismo familiar.

Su propuesta —volver a clasificar el cannabis como narcótico de Categoría 5— suena, en apariencia, a una llamada al orden. Pero en realidad supone un retroceso que ignora la experiencia internacional y las lecciones aprendidas en países que han optado por la regulación responsable: cuando se prohíbe, se fortalecen las redes ilegales; cuando se regula bien, florece la transparencia.

El argumento de Tantipiriyakit es comprensible desde la óptica del empresario que teme perder clientes, pero no necesariamente sólido desde el punto de vista social. Reclasificar como narcótico lo que ya está integrado en la vida de la población supondría criminalizar a consumidores responsables, revertir avances médicos y devolver a la policía un poder punitivo que casi nunca resuelve los problemas de convivencia.

Lo que falta en Phuket no es prohibición, sino precisión.

La madurez política que exige el cannabis

El diputado local Chalermpong Saengdee aboga, con más sensatez, por un marco “equilibrado” que proteja al turismo sin demonizar el uso medicinal. Su postura se acerca a lo que parece ser el camino razonable: ni descontrol ni regresión, sino regulación inteligente.

En esa misma línea, la Asociación de Cannabis de Phuket recuerda tres principios que deberían ser casi universales:

  • Proteger a los menores, que nada tienen que ver con este debate.
  • Garantizar el uso médico, respaldado por evidencia científica creciente.
  • Desactivar el mercado ilegal, que solo se combate con transparencia, licencias y controles, no con criminalización.
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Pero la política tailandesa, como tantas otras, parece temerle al matiz. Y el matiz es precisamente lo que exige el cannabis: distinguir entre uso responsable y abuso, entre venta regulada y clandestina, entre espacios públicos y privados, entre información y estigmatización.

El coste de no decidir

La reciente reunión en el Ayuntamiento de Phuket fue un paso, sí, pero un paso sin dirección todavía. Mientras tanto, la isla convive con las consecuencias de no legislar: incertidumbre económica, tensiones sociales y un turismo que observa con desconcierto cómo la imagen exterior se define más por la indecisión política que por la realidad del consumo.

Porque conviene reconocer una verdad incómoda: el cannabis no amenaza al turismo. Lo amenaza la falta de regulación. Lo amenaza la ambigüedad. Lo amenaza ese vacío donde nadie sabe qué está permitido, qué no, quién controla, quién sanciona, quién vigila o quién orienta.

Phuket podría ser pionera en un modelo turístico que integre, de manera madura, una industria del cannabis responsable, compatible con la convivencia y alineada con el bienestar social. Pero para llegar ahí necesita un marco claro, decidido y honesto.

Mientras tanto, la isla espera. Y el humo que empaña su futuro no es el del cannabis, sino el de la incertidumbre.

Acerca del autor

Justin Vivero

Escritor especializado en cannabis  y residente en Miami, combina su pasión por la planta con la vibrante energía de la ciudad, ofreciendo perspectivas únicas y actualizadas en sus artículos.

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