El Gobierno de Meloni impone una ley de emergencia para fulminar el sector del cannabis light y dinamita miles de empleos y derechos constitucionales

Italia ha decidido suicidar uno de sus sectores más prometedores. Lo ha hecho con prisa, sin debate y sin rubor, recurriendo a un decreto de emergencia para imponer una prohibición total sobre el cáñamo industrial. A partir de ahora, y por ley, el cáñamo es narcótico, da igual su composición, su uso, su contenido en THC. Las flores, las hojas, los aceites… todo queda proscrito.

Un movimiento así no solo desmantela una industria valorada en cerca de 2.000 millones de euros, sino que convierte automáticamente en delincuentes a más de 22.000 trabajadores, empresarios y autónomos que, hasta ayer, operaban dentro de la legalidad. De un día para otro, lo que era economía verde, innovación agrícola y emprendimiento, ha pasado a ser tratado como crimen organizado.

La norma, bautizada como artículo 18 dentro de una más amplia y controvertida Ley de Seguridad, fue aprobada sin pasar por una tercera lectura parlamentaria. El Gobierno la ha impuesto mediante un «decreto ley», una figura que la Constitución italiana reserva para situaciones de “necesidad y urgencia”. Y, en este caso, la urgencia parece no ser sanitaria ni económica, sino puramente ideológica.

Lo que se prohíbe no es el cannabis recreativo de alto contenido en THC, sino también el cáñamo industrial, una variedad con menos del 1% de esta sustancia psicoactiva, reconocida en toda Europa como legal. La medida, por tanto, no sólo ignora la ciencia y las recomendaciones internacionales, sino que desafía directamente la legislación de la Unión Europea y el sentido común.

La industria responde: “Nos convierten en criminales por decreto”

La reacción del sector ha sido tan inmediata como contundente. La asociación Canapa Sativa Italia ha denunciado “la destrucción de una realidad económica, la aniquilación de inversiones, y la amenaza de bancarrota para más de 3.000 empresas”. La Imprenditori Canapa Italia, por su parte, ha calificado la medida como “un acto de una gravedad sin precedentes” y “una violación flagrante del estado de derecho”.

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Para muchos expertos legales, el artículo 18 no solo es inconstitucional, sino ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Ignora deliberadamente el principio de legalidad, al no especificar claramente qué se prohíbe, y desacata tratados como la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que explícitamente excluye el cáñamo industrial de los controles narcóticos.

Giacomo Bulleri y Carlo Alberto Zaina, abogados de la federación industrial Federcanapa, han ido más allá: “Este decreto instaura una criminalización sin precedentes de un sector entero, sin base científica, sin transición y sin lógica”. Según su análisis, la ley podría ser anulada tanto por el Tribunal Constitucional italiano como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Una decisión que aísla a Italia de Europa

La paradoja es dolorosa: mientras otros países europeos abren la puerta a la regulación del cannabis —incluso el recreativo—, Italia opta por retroceder medio siglo y equiparar el cáñamo con la heroína. La industria europea del cáñamo, representada por la European Industrial Hemp Association, ha expresado su decepción y advertido de las consecuencias legales y económicas para Italia.

“El cáñamo industrial no es droga. Es una planta agrícola con aplicaciones industriales, cosméticas y nutricionales”, ha recordado Lorenza Romanese, directora de la EIHA. “Italia se aísla innecesariamente y compromete su reputación internacional por una medida punitiva y sin fundamento.”

Europa observa, la calle se mueve

Ya se están preparando recursos legales, campañas internacionales, movilizaciones ciudadanas y actos de protesta en toda Italia. La sociedad civil y los sectores afectados están dispuestos a pelear. Pero el reloj corre: el Parlamento tiene 60 días para convertir el decreto en ley definitiva o rechazarlo. Y con una mayoría gubernamental sólida en ambas cámaras, las posibilidades de revertirlo por la vía legislativa son escasas.

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No se trata solo de una ley. Es un síntoma. Un síntoma de cómo la política del miedo y la ideología pueden imponerse sobre la evidencia, la economía y los derechos. Un síntoma de cómo se puede sacrificar a miles de ciudadanos por un titular, por una bandera o por una promesa electoral mal entendida.

Italia no ha prohibido una droga. Ha prohibido el futuro de miles de personas. Ha declarado ilegales sus sueños. Ha dinamitado una industria y ha querido hacerlo rápido, en silencio y sin testigos.

Pero no siempre se puede pisotear la tierra sin que esta grite. Y el cáñamo, aunque sea una planta humilde, es también una bandera. Una que ahora ondea con rabia desde las manos de quienes ayer eran emprendedores… y hoy, para su gobierno, son criminales.

Acerca del autor

Agustín Lacalle destaca como Director y Maquetador de 'Cannabis Magazine' y 'El Cultivador'. Con una profunda pasión por el cannabis desde el siglo pasado, combina habilidades en redacción e investigación, aportando perspectivas únicas al mundo del cannabis

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