En esta ocasión ofrecemos un extracto del capítulo 42 de PIHKAL, titulado “Una lección en la universidad”. En él, Shulgin aprovecha su trabajo de profesor para intentar aleccionar a la juventud en relación con el denominado “problema de las drogas”. Como era de esperar, se opone a las irracionales medidas tomadas por los gobiernos, que nacen de las decididas por el de los Estados Unidos, país donde dio comienzo “la guerra contra las drogas”.

Voy a hablaros sobre nuestra libertad en general, y sobre la pérdida de algunas de estas libertades bajo la vergonzosa excusa de librar una guerra contra las drogas.

Nuestra forma de gobierno se considera una república constitucional. La estructura federal se estableció con la firma de la Constitución, unos diez años después de nuestra Declaración de Independencia de Inglaterra, y muchas de nuestras actuales libertades inalienables fueron explícitamente garantizadas con la aprobación de las diez enmiendas a nuestra Constitución, la Carta de Derechos, unos cuatro años más tarde. Estas libertades —de expresión, de prensa y de la práctica de religión, nuestra protección contra registros e incautaciones fuera de lo razonable, los derechos de cualquier persona acusada de un delito a conocer la naturaleza de la acusación y a ser juzgada por un juzgado imparcial— son el fundamento de nuestra nación y constituyen una parte esencial de nuestro modo de vida nacional.

Esta Carta de Derechos está continuamente siendo víctima de atropellos, principalmente mediante la promulgación de leyes por parte del Congreso que se han redactado sin la suficiente reflexión sobre si podrían hacer peligrar o restringir las libertades básicas.

Hay otras libertades que conservamos de Inglaterra, incluso cuando nos declaramos independientes de ella. Inglaterra nunca ha tenido una constitución escrita; en su lugar, ha habido una estructura basada principalmente en unas pocas medidas extraordinarias de reforma como la Carta Magna. De estas leyes colectivas surgieron nuestros conceptos de hábeas corpus (de qué se me acusa) y de juicio ante jurado (por quién seré juzgado), ambos ahora encarnados en la sexta enmienda a la Constitución.

Hay tres libertades sumamente importantes que forman parte de esta herencia y que nunca fueron incluidas en nuestra Constitución, pero que sin embargo han constituido una base fundamental de nuestra autoimagen nacional. Éstas son la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad, y la libertad de investigación. Estas libertades están experimentando una rápida erosión. Además, se oyen más y más voces que declaran que el sacrificio de estos derechos tradicionales reviste poca importancia, siempre y cuando se alcance así el propósito nacional. El mencionado propósito nacional, por el momento, es la victoria en la así llamada Guerra contra las Drogas.

(…) En caso de que el delito se considere grave (que pueda ser sancionado con una estancia en una prisión federal), se debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Las dudas, evidentemente, constituyen cuestionamientos a las pruebas presentadas, pero por el amor de Dios, ¿qué se entiende por «razonable»? Se ha llegado a un punto en la práctica legal en el que esto significa que un jurado muestre unanimidad en no albergar ninguna duda en sus mentes sobre la culpabilidad de un acusado. Éste es el criterio que se debe cumplir para condenar a alguien por un delito de tal calibre.

Sin embargo, en la locura actual relacionada con drogas y violación de leyes sobre drogas, ya no es necesario convocar a un jurado o —si vamos al caso— ni siquiera presentar una denuncia para perjudicar y condenar a alguien sospechoso de haber participado en actividades relacionadas con drogas. Sólo la más mínima prueba, muy lejos en cantidad y calidad de lo que sería necesario para obtener un veredicto de «culpable, más allá de toda duda razonable» en la sala de un tribunal, se usa ahora con regularidad para «cazar» al infractor sospechoso.

Todas estas acciones por parte de las autoridades son posibles sin ningún veredicto en absoluto por parte de un jurado; en realidad, sin que se haya celebrado un juicio de ningún tipo.

(…) Más allá de esta escala graduada de decreciente calidad de la prueba para determinar la culpabilidad, hay un nivel donde ninguna culpa necesita siquiera ser insinuada por una persona con autoridad contra un individuo. Éste es un ámbito en plena expansión de actividad por parte del Estado policial en materia de drogas que simplemente niega a la persona cualquier presunción de inocencia, y como ya nunca más se presume que sea inocente, resulta, por defecto, culpable. Depende únicamente del acusado demostrar que no está cometiendo un delito grave. Hablo de la prueba de orina aleatoria.

Te puede Interesar
Prohibir drogas también ha impedido desarrollar terapias

Lo que sigue es una declaración bastante dura, pero lo digo en serio y con total sinceridad, desde mi corazón:

No hay ninguna justificación, en ningún momento, en ningún lugar, en mi país, para que se realice una prueba de orina a ningún individuo, a menos que exista una razón convincente para suponer que ha cometido un crimen.

Permitidme expresar esto de nuevo, con diferentes palabras. Exigir que una persona haga pis en un recipiente cada vez que tú lo desees, sin una razón documentada para sospechar que ha estado usando una droga ilegal, es intolerable en nuestra república. En realidad, le estás diciendo: «Quiero averiguar que no te estás comportando de un modo que yo apruebe. Convénceme de que en realidad sí lo estás haciendo».

Escandaloso.

Intolerable.

No me importa si el hombre es el piloto de Air Force One con el Presidente a bordo, o el encargado de apretar el gatillo en un submarino nuclear con 24 misiles Trident II D-5 a su disposición; es impensable que pueda jamás exigirse una prueba de orina a una persona, a menos que haya razones para sospechar de su incapacidad. Sí, es posible que pudiéramos perder un avión por aquí, o una refriega por allá, pero ése sería un precio menor que tendríamos que pagar por tener una nación que respeta la privacidad del individuo y la presunción de su inocencia.

El piloto/hombre gatillo puede atravesar un mal estado mental por muchas razones (discusión con un amante,  se quemó la tostada en el desayuno), así que nuestros esfuerzos se deben dirigir a una evaluación de su comportamiento, sus capacidades y la integridad de sus destrezas; pueden realizarse exámenes de sus reflejos y coordinación, con el fin de presentar pruebas de su discapacidad. Si no se le considera completamente competente para ejercer su trabajo, entonces —y sólo entonces— se podría justificar una búsqueda en su orina.

En cualquier caso, una búsqueda ciega de drogas en la orina de un piloto puede proporcionar sólo una minúscula protección contra el comportamiento aberrante, ya que él pilotará su avión hoy, y los resultados de la prueba de orina no estarán disponibles hasta la semana que viene. No se ofrece ninguna protección bajo estas condiciones.

Creo que una de las principales razones para promocionar con tanto ahínco las pruebas de orina es que, como una nueva industria de crecimiento rápido, constituye una fuente de dinero extraordinaria.

(…) Ahora se han establecido penas de prisión inflexibles y listas de multas que deben aplicarse para que se haga tal y cual según las cantidades específicamente designadas de ciertas drogas ilegales. La estancia mínima en prisión se fundamenta en cuánta droga se haya requisado, ya tengas aptitudes especiales, hayas sido arrestado con anterioridad o aparezcan arma implicadas en la operación. Aquí hay algo muy importante que recordar. Si aparece una cantidad detectable de alguna droga ilegal en un embrollo incautado, el peso completo del embrollo será considerado como el peso de la droga. Si eres un capitán de barco, o un abogado, o tienes alguna educación avanzada, tienes una destreza especial, y se te puede imponer un castigo mayor. Podrías tener una pistola en un cajón de tu dormitorio en casa, en ningún modo cerca de la escena del presunto crimen. Estas particularidades pueden contribuir a una mayor e inflexible sentencia mínima en prisión, con condenas que van desde meses a años o toda la vida, y con sanciones que ascienden hasta varios millones de dólares.

Si eres un gran traficante de drogas (lo que quiera que eso signifique) bajo algunas de las circunstancias anteriores, varias leyes que ahora están siendo propuestas pueden decretar que se te aplique la pena de muerte. Una ley recientemente propuesta, que acaba de ser aprobada por el Senado, establece que todo lo que tienes que hacer es manejar tal y cual cantidad de una droga determinada, y esa cantidad por sí sola te cualificará como «gran» traficante. Y si te declaran culpable, serás ejecutado. La pena capital como precio obligatorio que hay que pagar por la posesión de más de XYZ gramos de droga. ¿En qué parte del mundo, sino aquí en los Estados Unidos, y en Irán, y quizás en Malasia? La posesión no autorizada de una bomba atómica, por cierto, acarrea un máximo de doce años.

Te puede Interesar
La ineficacia de la prohibición

Confío en que este proyecto de ley que actualmente se está preparando para su presentación en el Congreso nunca llegue a ser promulgado como ley, pero el sólo hecho de que se proponga seriamente resulta escalofriante. Introduce toda una nueva generación de sanciones para las ofensas por drogas (además de la ejecución obligatoria para toda persona que posea más de una cantidad especificada arbitrariamente). Estas sanciones incluyen la negación de puesta en libertad anticipada hasta que se hayan cumplido al menos cinco años, exigen que el estado cumpla con el requisito de realizar pruebas de orina a cualquier persona arrestada, encarcelada, liberada o en libertad condicional (como condición para que ese estado continúe recibiendo fondos federales); establecen que cualquier persona condenada por uso o posesión de una droga tendrá que pagar el coste de su juicio y además será multada con el 10% de su renta anual; dicen que se dará permiso explícito a los estados, condados, ciudades, sistemas educativos y entidades privadas para dedicarse a realizar pruebas de drogas periódicas y aleatorias.

Una pérdida de libertad mucho más sutil e insidiosa puede apreciarse en nuestras escuelas. Se está implementando una censura de facto dentro de los institutos y universidades por parte del gobierno, en el sentido de que financia la investigación y por tanto controla hacia dónde debe dirigirse. Hay una descarada campaña de propaganda difundiéndose a través de los medios informativos, y no se está presentando ningún recurso por parte de aquéllos que conocen los hechos y deberían estar insistiendo en la adhesión a la verdad. Permitidme tocar estos temas uno por uno, ya que cada uno de ellos se dirige a un grupo diferente de la población.

En las escuelas públicas, los esfuerzos se están dirigiendo hacia  el estudiante. El mensaje es: «Simplemente di NO». No hay ningún intento de informar, de educar, o de suministrar el complejo cúmulo de información que permitiría ejercitar el juicio. En su lugar, se transmite el simple mensaje de que las drogas matan. Éste es tu cerebro. Éste es tu cerebro bajo el efecto de las drogas. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo, y el huevo de repente está frito. Tu dulce y virginal hermana murió porque no aprendió sobre las drogas. Ella debería haber aprendido a «decir simplemente NO». Nada de esto puede llamarse educación. Es un esfuerzo por influenciar en los patrones de comportamiento mediante la repetición del mismo mensaje una y otra vez. Se trata de propaganda.

Acerca del autor

]. C. Ruiz Franco es licenciado en Filosofía y DEA del doctorado de la misma carrera, cuenta con un posgrado en Sociología y otro en Nutrición Deportiva. Se considera principalmente filósofo, y es desde esa posición de pensador como contempla el mundo y la vida. Se interesa principalmente por las sustancias menos conocidas, y sobre ellas publica mensualmente en la revista Cannabis Magazine.